Para sufragar compras de cámaras de vigilancia instaladas en las calles, se pretendió desviar parte de los 350 millones de lempiras recaudados vía tasa de seguridad poblacional.
La denuncia fue formulada por la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Aline Flores, en el marco de una conferencia de prensa, en la que además participaron el director de la cúpula empresarial, Armando Urtecho e integrantes de la Comisión de Reforma de la Seguridad Publica, Jorge Omar Casco y Matías Funes.
El dinero
La presidenta de la cúpula empresarial advirtió que ya estaba comprometida una cantidad -no especificada de dinero- para pagar compras de índole operativo, no contempladas en el Reglamento de la Ley de Seguridad Poblacional.
Ante estas circunstancias recomendó buscar los mecanismos para comenzar a utilizar los 350 millones de lempiras captados -a la fecha- vía tasa de seguridad
poblacional. El dinero es necesario para financiar la lucha contra la ola de criminalidad que afecta al país.
Los recursos aportados por empresas y personas naturales se encuentran depositados en las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), sin reportar ningún tipo de interés financiero.
“Proponemos a la comisión que está manejando los destinos del fideicomiso que tome las decisiones de efectuar compras directas bajo un esquema de licitación privada o licitación pública”, recomendó la presidenta del Cohep.
“Creo, prosiguió, que estos recursos no deberían utilizarse para efectuar compras operativas. Pareciera que en vez de hacer inversiones para seguridad, están haciendo compras operativas”, denunció.
“Tengo entendido que hay ciertas cosas que ya se habían comprado y quería que fueran pagadas con ese fondo.
Para nosotros ese no es el fin del fondo”, dijo.
Consultado el director del Cohep, Armando Urtecho al respecto, apuntó que se pretendía pagar las cámaras de seguridad instaladas en varias zonas de la capital con dinero recaudado del referido tributo.
“Estaban pidiendo, en ese sentido, cancelar las compras que ya se habían hecho, antes de la entrada en vigencia de este fideicomiso.
Además, se efectuaron otras adquisiciones -no descritas- que deberán ser honradas con recursos de las instituciones que las compraron.
Vigilantes
La presidenta del Cohep dijo que los representantes del sector privado velan para que los recursos aportados por todos los hondureños sean utilizados de la manera más correcta. Además, que las recomendaciones sugeridas por la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, también, se integre la inversión a efectuarse con este fondo.
Al final, agregó Flores, se busca transparencia en el manejo de los recursos públicos.
“Esto, dijo, es el resultado de hacer las cosas a la carrera,
cuando hacen esas leyes. La propuesta que se les había
hecho al- Congreso y al gobierno- era más fácil y se podría recaudar mucho más dinero desde hace seis meses y las inversiones se hubieran visto”, indicó.
Se explicó que a las secretarías se les asigna una parte del Presupuesto General de la República para el pago de los gastos operacionales. Sin embargo, este fondo de la tasa de seguridad no puede utilizarse para sustituir las acciones administrativas puntuales. Se estima que al año se captarán unos 1,500 millones de lempiras para invertirlos en la lucha contra de la criminalidad. Los fondos de dividirán entre la Secretaría de Seguridad y los operadores de justicia.
El fideicomiso
El director del Cohep expresó que los recursos captados por la tasa de seguridad no se utilizan aún porque no se ha adjudicado la administración de un fideicomiso a una entidad del sistema bancario.
El proceso fue lanzado por la Secretaría de Finanzas a mediados de junio del presente año pero, luego, fue declarado fracasado. Una entidad bancaria inconforme con este procedimiento impugnó la determinación la semana anterior, según el secretario de Finanzas Héctor Guillén.
“Los miembros de la Comisión de Seguridad, integrada por el Cohep, Finanzas y el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), en este momento determinan si el próximo proceso para adjudicar el fideicomiso deberán efectuarlo vía licitación privada o un concurso”, expresó.
Según el secretario de Finanzas se podrá lanzar de nuevo este proceso en el transcurso de la presente semana.
Para Urtecho, se simplificarían estas acciones si Finanzas y los otros dos sectores se inclinan por llamar a un concurso público para que los bancos interesados en participar presenten las mejores ofertas financieras. Al final, los comisionados podrían elegir la mejor oferta.
Más seguridad
El integrante de la Comisión de Reforma de la Seguridad Publica, Matías Funes, informó que los Carabineros de Chile contribuirán en la conformación de una fuerza élite al entrenar a unos 27 oficiales de Policía y tres fiscales.
El funcionario indicó que se evaluarán las hojas de vida de este personal porque serán la base de la nueva Policía.
Además, expusieron a los empresarios un plan para establecer en el país la denominada policía comunitaria, bajo el sistema de cuadrantes.
TSC investiga compra de las cámaras
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) solicitó en su momento a la Secretaría de Seguridad
escritos para averiguar quién y bajo qué mecanismo se compraron al menos unas 800 cámaras de video instaladas en varios puntos de la capital y de San Pedro Sula para tratar ola de delincuencia.
A la fecha, este ente contralor del Estado no ha presentado el informe respecto a la adquisición de este equipo de monitoreo y del software para manejarlas.
En su momento, Daysi de Anchecta, magistrada presidenta del TSC, informó que desconocían quién las compró ni a quién; si fue la Alcaldía Municipal del Distrito Central o la Secretaría de Seguridad.
