Las cosas seguirán de la misma manera para los clientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Adolfo Facussé, expresó que el servicio de facturación eléctrica será adjudicado de 'dedo' a una empresa muy similar al Servicio de Medición Eléctrica de Honduras (Semeh).
'Como en el oráculo de Delfos uno hacía una pregunta respecto a los que pasará en el futuro. A mi juicio, lo que viene, es que se creará otra empresa muy similar a Semeh pero con otros socios, aunque, podría incluir a los actuales', indicó.
Semeh está conformada por bancos del sistema financiero nacional y por la firma Ingeniería Gerencial.
Poca transparencia
Facussé dijo que el estilo del gobierno del presidente Porfirio Lobo es el de declarar emergencias para adjudicar los contratos de prestación de servicios o de compra de bienes mediante la emisión de un decreto de emergencia.
'En el caso de que el gobierno licite este servicio, no se efectuará de una manera amplia y abierta para que las empresas concurran', indicó.
Para el empresario es poco probable que este contrato se brindará a la ENEE, así como lo propone el sindicato de la empresa.
'Se adjudicó el servicio de medición a Semeh para evitar los actos de corrupción cometidos por los empleados de la ENEE. Los trabajadores hacían las movidas a cambio de que le borraran o no le leyeran los contadores', recordó el industrial.
Nueva impugnación
El presidente de la Andi dijo que sería una pérdida de recursos recurrir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a impugnar el contrato de 100 megavatios adjudicado a la desconocida firma Westport. 'Ese contrato, de manera definitiva, es una afrenta y una compra innecesaria porque en Honduras sobran unos 500 megavatios. Es una compra sin licitación estimada en 150 millones de dólares', lamentó.
Facussé ha recordado que en el transcurso del presente año se interpusieron tres recursos de inconstitucionalidad en contra de igual cantidad de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo en contra de la inversión nacional, según los empresarios.
Se trata de la Ley de Seguridad Poblacional, la Ley de Eficiencia en los Ingresos y Control del Gasto Público y la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
'Para qué perder tiempo en la interposición de otro recurso sobre una cuestión que es un atraco, si a la CSJ no les interesa resolver los problemas', dijo.
