Los políticos portan en sus bolsillos en estos momentos unas 300 mil tarjetas de identidad supuestamente de los ciudadanos que son afines a sus movimientos.
Según las autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP), esto se debe a un acuerdo con el Directorio de la institución.
Este acuerdo tiene su justificación en la crisis económica, logística y tecnológica que ha estado padeciendo el RNP en los últimos años, que tuvo su punto álgido a partir de mayo del presente año.
Debido a esta situación, el RNP llegó a un acuerdo con los dirigentes de los tres partidos políticos que demandaban una pronta documentación y distribución de las cédulas. Estos políticos estaban conscientes de que el RNP adolecía de recursos hasta para movilizar a su personal al interior del país.
Bajo este contexto se llegó a un acuerdo con los dirigentes de las corrientes para llevar registros móviles a los municipios y aldeas para identificar a la gente que carecía de una tarjeta de identidad, informó a EL HERALDO el subdirector técnico, Gerardo Martínez.
Era tal la crisis económica de la institución, que su personal tuvo que viajar en los carros proporcionados por los mismos políticos para ahorrar costos de combustibles.
El acuerdo, según el funcionario del RNP, consistía en documentar in situ a los ciudadanos a quienes se les entregaba su correspondiente contraseña para que hicieran su reclamo una vez que la tarjeta estuviera en los correspondientes registros civiles municipales.
Como los hondureños estamos acostumbrados a que todo nos lo den, seguramente la ciudadanía beneficiada con esta masiva documentación le entregó su contraseña a los políticos para que estos hicieran el reclamo de la tarjeta de identidad, dijo el funcionario del RNP.
Políticos: gestores de oficio
Si bien es cierto el reclamo de que la tarjeta es personal, el RNP aceptó que los políticos actuaran como “gestores oficiosos” porque se corría el riesgo de que las 300 mil tarjetas pasaran al “archivo muerto” y se sumaran a las 400 mil que ya tiene engavetadas la institución y que nunca fueron reclamadas.
“Si nosotros nos quedamos con estas identidades en los registros civiles corríamos el riesgo de que el ciudadano iba a ser difícil que llegara ya que lastimosamente el hondureño quiere que le lleven las cosas a su casa”, expresó Martínez.
“Nosotros -añadió- vimos muy complicada esta distribución y por eso utilizamos el método de que con la contraseña entregábamos la tarjeta de identidad y el político se comprometía a entregar la cédula de identidad a los ciudadanos”.
Consecuentemente, lo ocurrido el martes en Comayagua, donde la Fiscalía decomisó 2,479 tarjetas de identidad en la casa/sede del aspirante a diputado nacionalista por la corriente nacionalista Azules Unidos, José María Martínez, es apenas una pequeña parte de esa gran cantidad de identidades que están en poder de los políticos.
Distribución de tarjetas
El subdirector del RNP precisó a EL HERALDO que a todas las corrientes se les entregó su cuota de identidades, según la solicitud hecha por ellos mismos. En ese sentido, la corriente Azules Unidos -de Juan Orlando Hernández- solicitó 80 mil tarjetas que portan sus dirigentes en todo el país. Siendo esta la corriente que más cédulas tiene en su poder.
La tendencia Por mi País, de Miguel Pastor, gestionó diez mil, una cantidad pequeña porque la solicitud la hizo tardíamente, explicó Martínez.
La corriente Salvemos Honduras, liderada por Ricardo Alvarez, tramitó 40 mil identidades; mientras que a los liberales se les atendió con unas 60 mil por corriente.
“Nosotros a todos los movimientos internos les hemos ayudado, con este mecanismo le entregamos 40 mil tarjetas de identidad al movimiento Salvemos Honduras, 10 mil al movimiento Por mi País, 80 mil al movimiento de Juan (Hernández). Le hemos entregado a Yani, al Toro, a Villeda y a Libre”, enfatizó el subdirector técnico del RNP.
“¿Es normal este tipo de acuerdos entre el Registro y los políticos”, se le preguntó a Martínez. “En ese momento, cuando nos ahorcaba la soga (por los problemas económicos), que nosotros mirábamos que nos era complicado que entregáramos las cédulas, sí lo convertimos en un procedimiento normal”.
Pero se tomaron las precauciones. Por ejemplo, si una de las tarjetas solicitadas no aparecía en el padrón electoral que servirá de base en estas elecciones, su impresión se deja para el otro año “porque la idea es que sea gente que va a votar”.
“¿Y la ley acepta este tipo de acuerdos”, se le reconsultó. “La ley no lo acepta, ni lo prohíbe. Fue un mecanismo que nosotros utilizamos para agilizar la distribución, por la falta de presupuesto, para nosotros era sumamente imposible entregar esta cantidad de cédulas. Lo que hubiéramos tenido en el registro era otro grupo de 300 mil tarjetas de identidad sumadas a las 400 mil que ya tenemos en inventario muerto que el ciudadano no viene a recoger”.
El funcionario del RNP, por cierto el único que habló sobre el tema porque los demás andaban en gira por el interior del país, explicó que si las tarjetas de identidad decomisadas en Comayagua fueron enviadas por el Registrador Civil a la sede de Azules Unidos es un acto ilegal. Pero si los políticos llegaron al RNP con la contraseña del elector, es correcto porque se apega al espíritu del acuerdo. La Fiscalía mandará un informe al RNP sobre el decomiso de las identidades en Comayagua.
