Sucesos

CAH a reunión con fiscal general para pedir justicia

91 abogados fueron asesinados desde 2004, de estos, 67 se registraron en el gobierno de Lobo Sosa. El 97 por ciento están impunes.

19.09.2013

La junta directiva del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) se reunirá mañana con el fiscal general óscar Chinchilla para pedir justicia por la desatada ola criminal contra profesionales del derecho.

La cita se acordó para mañana, luego que trascendiera el asesinato de la abogada Dinia Acosta, en San Pedro Sula, suceso que fue condenado por el CAH.

“En virtud del último asesinato ocurrido en San Pedro Sula, estamos citados como junta directiva a comparecer con el fiscal general óscar Fernando Chinchilla para que nos informe de la situación de las investigaciones”, informó Roy Urtecho, presidente del CAH.

Y es que al no tener respuesta de los móviles de los crímenes, se entenderá que los mismos obedecen al ejercicio de la profesión.

En el encuentro, el CAH solicitará al fiscal general promover una reforma a la Ley del Ministerio Público (MP) para crear una unidad especializada para investigar crímenes de abogados. La misma estaría conformada por policías de investigación, fiscales y miembros del CAH que puedan coadyuvar en las indagaciones.

Lo que se pretende es que se judicialicen los casos, que no sigan impunes, expresó. Asimismo, que no se cometan más hechos violentos contra profesionales del derecho.

Informó que la Unión Internacional de Abogados, con sede en Francia, envió una nota al presidente Porfirio Lobo, solicitando que el Estado de Honduras tome todas las medidas necesarias para que se garantice el libre ejercicio de la profesión de los abogados.

Este organismo internacional demanda que no se atente la labor de abogados y abogadas. La nota se remitió con copia al ministro de Seguridad, Arturo Corrales, y a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda.

Alta incidencia

Según registros, desde el año 2004 fueron asesinados 91 profesionales del derecho.

De estos 79 son abogados y 12 abogadas, 38 fueron asesinados en Tegucigalpa, 19 en San Pedro Sula, 11 en El Progreso y el resto en otras zonas de el país, detalló.

Desde el año 2010 a la fecha, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa fueron asesinados 67 profesionales del derecho. El año más violento fue el 2011, con 26 asesinados, lamentó.

De acuerdo al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, entre las víctimas figuran fiscales del MP, jueces de Sentencia, así como asesores legales de sindicatos, instituciones bancarias, de instituciones del Estado, de empresas agroindustriales, organizaciones campesinas, especialistas en derecho penal, en derecho mercantil, jueces de Tránsito, de la Niñez y de Letras.