Detención judicial se dicto en los Juzgados de lo Penal en
Comayagüela
contra
una pareja acusada por el Ministerio Público por el delito de extorsión.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado presentó
requerimiento
fiscal contra
Milzian Johana Ruiz
Godoy y Ricardo Antonio
Duarte,
capturados el domingo
en el centro de la capital de Honduras luego de recibir el dinero de una extorsión.
En el expediente judicial se establece que un punto de taxis que opera en
Tegucigalpa
estaba siendo
víctima
del cobro del “impuesto de guerra”.
Inicialmente
la pareja
exigía el pago de veinte mil
lempiras,
pero tras varias
negociaciones
acordaron el pago de trece mil
lempiras. Una
semana después de haber recibido el pago, los
extorsionadrores
se
comunicaron
nuevamente con el punto de taxi exigiendo quince mil
lempiras
más.
Un nuevo proceso de negociación comenzó llegando al acuerdo de entregar dos mil
lempiras
semanales.
Según la denuncia hecha en la Policía, Ricardo
Duarte, miembro del punto de taxis, se ofreció a ser él quien entregara el dinero a los supuestos
extorsionadores,
por lo que comenzaron a sospechar de él.
El domingo, durante la entrega, los policías montaron vigilancia observando que el taxista le entregó el dinero a una mujer a la cual le dieron seguimiento y posteriormente
fue detenida.
Al momento de la captura,
a la fémina
se le
encontró
parte del dinero que envió el punto de taxis mientras que el resto lo tenía el
ruletero,
por lo que
también
fue detenido. Por este mismo
hecho se detuvo a Roger Enrique Zelaya Canales pero fue liberado al no encontrar indicios de su participación en la extorsión.
El dinero fue empaquetado por miembros de la
Policía
por lo que
tenían
anotados los
números
de series los cuales concuerdan con los del dinero decomisado a la pareja.
Al terminar la audiencia de declaración de imputado, los sospechosos
fueron remitidos a la Penitenciaria Nacional y a la cárcel de mujeres,
respectivamente,
por el término de seis días en que
deberán
ser presentados en la audiencia inicial.
En el caso en que al terminar el proceso judicial se determine que lapareja es responsable del delito que le imputa el Ministerio Público, podrían ser condenados de 15 a 20 años de cárcel.
