Tegucigalpa, Honduras.- La venta del avión presidencial, concretada el 10 de julio de 2026, abrió una disputa política que fue más allá del precio pagado por la aeronave.
Funcionarios, dirigentes y exfuncionarios difundieron versiones distintas sobre su origen, la legalidad de la subasta, el valor de la operación, la supuesta ganancia obtenida y el destino de los fondos.
Cinco verificaciones realizadas por EH Verifica revelan un patrón común: cada actor tomó una parte del proceso, seleccionó datos que favorecían su posición y dejó fuera elementos indispensables para comprender el hecho completo.
Las afirmaciones no siguieron una sola narrativa. Por el contrario, construyeron cinco relatos diferentes alrededor del mismo avión.
Algunos se apoyaron en cifras reales, pero utilizaron referencias incorrectas. Otros mezclaron hechos comprobables con conclusiones falsas. También hubo omisiones y lecturas equivocadas de normas, documentos y antecedentes.
El secretario de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, aseguró que el decreto que autorizó la venta destinaba el dinero a la salud.
La afirmación coincidía parcialmente con el Decreto 3-2026, pero omitía que los recursos también financiarían la construcción de centros universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en departamentos donde la institución no tiene presencia.
La declaración redujo dos destinos legales a uno solo. Esa omisión modificó el alcance real de la norma y presentó el uso de los fondos como una decisión exclusiva a favor del sistema sanitario.
Ramón Barrios, exdiputado de Libertad y Refundación, afirmó que el avión se vendió por apenas un tercio de su valor original y que la Oficina Administradora de Bienes Incautados realizó el proceso.
EH Verifica determinó que ambas partes de la declaración eran falsas.
La aeronave se vendió por 5.1 millones de dólares, una cifra ligeramente superior al tercio exacto de los 14.8 millones pagados en 2014.
Además, la subasta estuvo a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional y la Dirección Nacional de Bienes del Estado, no de la OABI.
Cinco ángulos para disputar un mismo hecho
Luis Sosa, quien dirigió la Dirección Nacional de Bienes del Estado durante el gobierno de Xiomara Castro, declaró que el Ejecutivo no podía subastar la aeronave mientras el Ministerio Público no determinara si había sido comprada o donada.
La revisión legal encontró que una investigación penal no impide automáticamente que el Estado disponga de un bien público.
Para frenar la operación se necesitaba una medida cautelar emitida por un juez. No había evidencia pública de una resolución de ese tipo y el Congreso había autorizado expresamente la venta mediante el Decreto 3-2026.
La afirmación trasladó al Ministerio Público una facultad que corresponde al Poder Judicial y presentó como prohibida una operación que contaba con autorización legislativa.
Marvin Ponce, asesor presidencial, aseguró que el Estado ganó un millón de lempiras porque el precio base de la subasta era de 136 millones y la oferta ganadora alcanzó los 137 millones.
El cálculo comparó dos momentos del mismo proceso de venta, pero ignoró el costo de adquisición. Honduras pagó alrededor de 314.7 millones de lempiras por el avión en 2014 y lo vendió por 137.8 millones en 2026.
La diferencia entre el precio base y la oferta final mostró que el comprador superó el piso fijado para la puja, pero no probó una ganancia para el Estado. Para determinarla debían considerarse el costo de adquisición, la depreciación y el valor contable del activo.
El dirigente nacionalista Mario Díaz presentó otra versión: afirmó que el avión había sido donado por Taiwán.
Sin embargo, documentos revisados por EL HERALDO Plus muestran que el Estado realizó una compra financiada inicialmente con recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional y posteriormente con fondos de cooperación taiwanesa.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad autorizó en 2014 un pago anticipado de un millón de dólares para reservar la aeronave. Los fondos de Taiwán se incorporaron después para abonar a la compra y reintegrar recursos al fideicomiso.
El convenio original contemplaba cooperación para una aeronave militar, helicópteros y ambulancias, pero no establecía la entrega directa del Embraer Legacy 600 como avión presidencial.
Convertir ese esquema financiero en una donación eliminó del relato la compra autorizada y los desembolsos realizados por el Estado.
Datos verdaderos usados para conclusiones engañosas
Las cinco verificaciones muestran que la distorsión no dependió siempre de inventar cifras, instituciones o normas. En varios casos, los actores partieron de un elemento verdadero y lo usaron para sostener una conclusión incompleta o falsa.
Rodríguez Burchard mencionó correctamente la salud, pero omitió a la UNAH. Ponce citó cifras reales de la subasta, pero las utilizó para hablar de una ganancia que no demostraban.
Díaz destacó la participación de Taiwán, pero borró el proceso de compra. Sosa mencionó una investigación existente, aunque le atribuyó efectos legales que no tenía. Barrios mezcló el precio real de venta con una institución ajena al procedimiento.
El patrón revela que la disputa política se concentró en controlar la interpretación pública del acontecimiento.
Cada actor escogió el ángulo que mejor se ajustaba a su posición: salud, precio, pérdida, legalidad, procedimiento u origen de la aeronave.
Las cinco declaraciones tampoco provinieron de un solo partido o sector. Participaron funcionarios del actual gobierno, dirigentes opositores, exfuncionarios y figuras vinculadas a distintas administraciones.
La distorsión, por tanto, no respondió a una única línea partidaria, sino a una práctica más amplia: presentar fragmentos de información como si explicaran todo el caso.
La venta del avión presidencial se convirtió así en un ejemplo de cómo un mismo hecho puede generar relatos incompatibles cuando cifras, normas y antecedentes se presentan sin contexto.
El trabajo de verificación permitió reconstruir el proceso completo y separar los datos comprobables de las interpretaciones políticas.
La aeronave fue comprada, no recibida directamente como donación; la subasta estaba legalmente autorizada; la OABI no dirigió la venta; el precio final no representó una ganancia frente al costo original; y el dinero tiene dos destinos establecidos en el decreto.
El problema no fue únicamente que cinco declaraciones resultaran falsas o incompletas. El principal hallazgo es que cada una intentó definir qué debía entender la ciudadanía sobre la misma operación. En conjunto, moldearon un debate basado menos en el expediente completo y más en versiones parciales del avión presidencial.
