Tegucigalpa, Honduras
Uno de los principales retos del actual gobierno es impulsar la depuración de los operadores de justicia en el país, específicamente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público (MP).
La confabulación del crimen organizado en las estructuras judiciales obligó al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, a promover una profunda reestructuración en estas dos instituciones.
Recientemente, el secretario de la Presidencia, Reynaldo Sánchez, entregó una carta enviada por el Presidente al secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la cual solicitó un acompañamiento activo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) en el proceso de depuración de la Corte y la Fiscalía.
“Existe la necesidad impostergable de comenzar a despegar el proceso de reestructuración en la Corte, debemos implementarlo”. |
Sobre esta petición, el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, dijo que aunque no comparte el término de depuración, ya se comenzó a trabajar en el proceso reglamentario para certificar a los jueces y magistrados.
“Estamos avanzados y vamos a estar listos para el mes de noviembre con toda la plataforma jurídica para iniciar e implementar este mismo año los procesos de depuración, evaluación y certificación del desempeño, que no hace más que legitimar la función de los funcionarios judiciales”, manifestó. Asimismo, reconoció que existe la necesidad impostergable de comenzar a despegar estos procesos de reestructuración en los operadores de justicia.
“La misiva enviada por el Poder Ejecutivo a la Organización de Estados Americanos para propiciar un acompañamiento por parte de la Maccih en la depuración judicial no es un elemento nuevo para el Poder Judicial, es un tema que ya hemos abordado y que estamos en la convicción en que debemos implementarlo”, dijo.
“Si va a haber una separación, las causas tienen que estar establecidas, porque no se puede separar a un juez por complacencia de un superior”. |
Reacciones
Esta solicitud generó una serie de reacciones en el Poder Judicial. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, José María Díaz, aplaudió la iniciativa del mandatario para depurar los operadores de justicia en el país. Sin embargo, advirtió que el convenio establecido con la OEA se limita a certificar solo a operadores de justicia que trabajen en el combate de la corrupción.
“No es un poder abierto, no pueden depurar todo el Poder Judicial”, señaló Díaz.
No obstante, expresó que la Maccih perfectamente con ánimos de colaboración y cooperación con el país puede hacer las consultas a la OEA y su secretario general estima bien colaborar a depurar los operadores de justicia.
Asimismo, expresó que los jueces y magistrados gozan del principio de inamovilidad.
“Si va a haber una separación las causas tienen que estar claramente establecidos, porque no se puede separar o trasladar a un juez por complacencia de un superior”, dijo.
Indicó que es bajo ese tipo de parámetros, que tiene que analizar la OEA si pretende colaborar con Honduras.
También expresó que el juez que no cumpla con los términos establecidos en la ley para dictar sentencia o por retardo injustificado de justicia debería ser separado de su cargo.
Asimismo, dijo que deberán vacar de sus cargos los jueces y fiscales que estén vinculados con el crimen organizado y que no puedan justificar su patrimonio.
Por su lado, el juez de sentencia, Mario Díaz, recomendó que la metodología a emplear para depurar el Poder Judicial debe de surgir de él mismo, pero acompañado con la Maccih porque trae consigo la reforma judicial entre sus componentes, tomando en cuenta que es un poder del Estado independiente.
“No hay una necesidad de que el Presidente esté planteándole a la OEA ayuda en esa parte, si ya la Maccih tiene el mandato de promover la reforma judicial en el país”, manifestó.
“La metodología para depurar el Poder Judicial debe surgir de él mismo, pero acompañado de la Maccih porque trae consigo la reforma judicial entre sus componentes”. |
Asimismo, planteó que debe existir evaluaciones del desempeño del funcionario, es decir, que tiene que ver en cuanto a las ejecutorias que el funcionario hace en el ejercicio de sus responsabilidades.
No obstante, reconoció que debe existir cambios en los operadores de justicia para mejorar su funcionamiento estructural.
“En general, no existe una satisfacción plena de la ciudadanía por el desempeño en su conjunto del Poder Judicial”, señaló. En la misiva enviada por el mandatario a Almagro, le solicita un acompañamiento activo de la Maccih para llevar a cabo este proceso.
El mismo se ejecutará dentro del respeto y autonomía que como principios fundamentales regulan nuestras legislaciones, establece el documento.
Asimismo, el Estado hondureño reiteró su compromiso de proporcionar los recursos que sean necesarios para tal depuración. La carta que fue firmada por el mandatario fue entregada a Luis Almagro por Reynaldo Sánchez el pasado 25 de octubre.
