Aunque no es vinculante, el dictamen del Ministerio Público que considera ilegal el decreto que faculta para depurar la Policía Nacional, por lo menos exhibe una falta de consenso incluso entre organismos claves en un asunto toral para la recuperación de la seguridad perdida: limpiar las fuerzas del orden de elementos infiltrados por el crimen común y organizado.
Emitido en respuesta a una solicitud de la Sala Constitucional, que conoce del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Decreto Legislativo 89-2012, contentivo de la Ley Especial para la Depuración Policial, el dictamen nos recuerda el fiasco ocurrido en el mismo tema cuando el entonces ministro de Seguridad, Gautama Fonseca (QEPD) intentó limpiar la institución policial, destituyendo a varios oficiales y agentes, lo que al final fue revertido por el Poder Judicial.
Con todo lo que ya se sabe –y más que debería saberse-- de la participación de uniformados en toda clase de delitos y con la inseguridad ciudadana como principal problema, resulta hasta perturbador que a estas alturas todavía ni siquiera exista un consenso entre los “operadores” de justicia sobre la urgencia de contar con una Policía descontaminada y eficiente para combatir la delincuencia que sigue sembrando la muerte, el luto, la impotencia, la ira y la desesperanza.
Nadie duda que todo debe hacerse con el más absoluto respeto de las normas jurídicas y de los derechos humanos, pero también resulta inaceptable que aquellos se conviertan en un escudo para proteger delincuentes o en un obstáculo para un proceso adecentador que en las circunstancias actuales se ha convertido en un imperativo categórico.
Igual, sería repudiable que quienes consensuaron, presentaron, redactaron y aprobaron el decreto en mención, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo –muchos de ellos conocedores de la ley y actuando algunos en representación de los “operadores de justicia”—lo hayan emitido con fisuras de las cuales puedan aprovecharse quienes quieren seguir burlando la ley y la justicia.
En este difícil momento por el que atraviesa Honduras, son necesarios los consensos, pero también una depuración profunda, no solo en la Policía Nacional sino también en el Ministerio Público y en los tres Poderes del Estado.
Esperemos que, al final, la Sala de lo Constitucional falle a favor de todo este pueblo sediento de seguridad y de justicia.
