El ultimátum de 24 horas dado por el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, al ministro de Hacienda, Héctor Guillén, para que haga efectivo el aumento salarial a los más de 50,000 docentes del sector público, más allá del tema económico, generó preocupación en la mayoría de los sectores nacionales.
La preocupación fue en forma de interrogante, “¿Quién gobierna el país?”, ya que lo expresado por Hernández era una orden de un titular del Poder Legislativo a un integrante ministerial del Poder Ejecutivo.
Y más fue la interrogante debido a que el mandatario Porfirio Lobo se encontraba fuera del país.
Esta administración ha venido caracterizándose por el cruce de competencias -aunque las mismas están fácilmente delimitadas por la carta magna- en cuanto a que un titular de un poder del Estado deja de hacer su trabajo, pero quiere inmiscuirse en las labores de otro poder del Estado, los cuales la Constitución establece claramente que son independientes.
Pero lo más peligroso fue la respuesta del ministro Guillén, al señalar que siendo una orden del Congreso hay que cumplirla y para ello procedió a hacerlo efectivamente.
No es la primera ocasión en que el titular del parlamento anuncia medidas propias del Ejecutivo. Tampoco es la primera vez que existe un silencio peligroso del presidente Lobo, quien debería salir a explicar que las órdenes a los ministros parten de él, la única persona autorizada por la Constitución hondureña.
El silencio tal vez es porque a veces el presidente Lobo sale a querer dar instrucciones al Poder Judicial sobre cómo deben dictarse los fallos o a señalar que si emiten un dictamen judicial que no sea de su agrado, integrará una comisión de abogados para que la revisen, como si la Constitución le diera potestad al Ejecutivo de revisar los fallos judiciales de acuerdo a su gusto y conveniencia.
Sería bueno que los máximos dirigentes de estos dos poderes no cruzaran fronteras y especialmente líneas rojas de la cuales no se puede regresar.
