Los partidos políticos son esenciales para la participación democrática de los ciudadanos, la vigencia de los derechos políticos y la expresión de la pluralidad en las sociedades democráticas.
El financiamiento de los partidos políticos es un tema sumamente delicado, por implicaciones y los compromisos que esto puede generar.
En las legislaciones electorales de los países se establecen varios principios que deben regir la obtención de recursos financieros indispensables para el buen funcionamiento de los partidos políticos: publicidad en el origen y contabilidad de los ingresos, austeridad en los gastos, derecho de los afiliados de los partidos a conocer de los ingresos y gastos de su instituto político, controles eficientes internos y externos.
Aparte de estos principios existen prohibiciones para los partidos políticos como por ejemplo aceptar donaciones anónimas, recibir aportaciones de concesionarios de obras públicas y otras encaminadas a evitar abusos por parte de estas organizaciones políticas ya hechos gobierno.
Por ejemplo, en México el código federal de 1997 establece la prohibición del gobierno de hacer deducciones de parte del salario de los empleados públicos para los partidos.
En la ley electoral y de las organizaciones políticas vigente, publicada en el diario oficial la gaceta en mayo de 2004, en el artículo 83 numeral 2 se establece que queda terminante prohibido a los partidos políticos aceptar de forma directa o indirecta contribuciones de funcionarios o empleados públicos de las instituciones centralizadas y descentralizadas sin la autorización de estos.
Este último requisito, la autorización por parte del empleado, se ha estado violentando en forma reiterada en la actual administración pública y se ha realizado de forma inveterada en el país.
Se le deduce para el partido, en este caso para el Partido Nacional, a los empleados públicos por contrato, haciéndolos firmar un contrato en el cual “autorizan” la deducción.
Si no se está de acuerdo no se le da el empleo o en el caso de los que tienen el contrato hace años y no están de acuerdo con la deducción forzada, no se les renueva. Literalmente se le extorsiona y se les aplica el sicariato laboral a través de los jefes de personal.
Se les chantajea valiéndose de la necesidad de las personas por su empleo, esto ocurre con los médicos de los hospitales del sistema sanitario nacional a los cuales además se les paga en forma tardía en la mayoría de los casos.
Nadie levanta la voz, ni los sindicatos ni los dirigentes gremiales. Son cómplices por omisión. Ya es tiempo de que vivamos en un estado de derecho real, el ejemplo debe comenzar por el gobierno.
Se debe reformar la ley electoral a fin de que se le prohíba tajantemente al gobierno hacer deducciones a los empleados públicos para los partidos políticos para evitar estos abusos. Qué se puede esperar en un país donde el estado es el primero que extorsiona.
Se violentan en forma reiterada los derechos más fundamentales de las personas y reclamar porque se respeten estos derechos a juicio de muchos es una utopía.
