Una niña de 13 años y un joven de 18 años subieron la mañana del martes a un autobús de la ruta urbana con un firme propósito: quitarle la vida al motorista de la unidad, acto que cometieron con una frialdad brutal. Por casualidad, un equipo de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas circulaba por el lugar y logró dar captura a los supuestos homicidas del trabajador del transporte.
Es doloroso reconocerlo, pero el asesinato de trabajadores del transporte urbano en Tegucigalpa se ha vuelto un hecho casi rutinario, normal. Los asesinos actúan impunemente ante una autoridad que se ocupa de llegar a las escenas del crimen, acordonarla para levantar las evidencias y custodiar el cuerpo sin vida de las víctimas mientras llegan los fiscales y los equipos de medicina forense a hacer los levantamientos de ley. Los índices de impunidad en estos hechos violentos son alarmantes y favorecen que los mismos se continúen ejecutando libremente.
Pero más allá de la impunidad que prevalece en este tipo de casos, lo sucedido debe ser un llamado al Estado hondureño frente a hechos en los que se evidencia el uso de los niños, niñas y jóvenes en este tipo de actos de violencia y el papel de las familias en la formación en valores de sus hijos e hijas.
La participación de una niña de 13 años en un acto como este no es ni debe verse como casual, sino como la consecuencia del abandono al que se ven sometidos miles de jóvenes, muchos de ellos provenientes de familias desintegradas, viviendo en condiciones de extrema pobreza que los colocan en un grado de alta vulnerabilidad frente a grupos de delincuentes y el crimen organizado, que no tienen escrúpulos en involucrarlos en hechos de esta magnitud.
Volver a la educación en valores desde la familia y velar por el respeto de todos sus derechos humanos es primordial para evitar que muchos otros se vean atrapados en las redes delincuenciales que están a su acecho.
