Un estudio sobre el desplazamiento forzado de docentes y el impacto de la violencia generalizada en centros educativos en Honduras, realizado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), con el apoyo de Save the Children y el Comité Nacional de Docentes, alerta sobre el riesgo que implica hoy en día para muchos docentes ejercer la profesión en nuestro país.
Los informes relacionados con el persistente acecho de grupos delincuenciales, como las maras y las pandillas, a los estudiantes ya reflejaban que este es un problema grave y persistente, con consecuencias profundas para la educación y la seguridad de los jóvenes.
Este nuevo estudio concluye que el problema afecta también a aquellos docentes que en el ejercicio de sus labores protegen a los estudiantes de vulneraciones de derechos, intentan alejarlos de las estructuras criminales, denuncian casos de violencia sexual, trata o explotación infantil o exigen disciplina académica a alumnos vinculados con grupos delictivos. También son amenazados por oponerse a actividades ilícitas dentro de los centros educativos, incluyendo el consumo y la distribución de drogas.
Los docentes se encuentran indefensos incluso en aquellos casos en los que padres, miembros de maras y pandillas, les obligan a aprobar el año académico de sus hijos e hijas reprobados como consecuencia de sus malos rendimientos académicos.
Los informes como el que citamos hoy sirven para reflejar una problemática que crece día con día; pero debería también ser una referencia para adoptar medidas encaminadas a la protección de la comunidad educativa, que incluyan estrategias de seguridad encaminadas a reducir en la medida de lo posible el impacto desproporcionado de la delincuencia organizada en los derechos de los jóvenes y la niñez en Honduras
