Los persistentes retrasos en el escrutinio de actas con inconsistencias, protagonizados el pasado fin de semana por los representantes de los partidos políticos, solo han profundizado la crisis poselectoral. Transcurridos 20 días desde los comicios generales, el país sigue sin una definición clara sobre el ganador de la contienda.
Esta parálisis genera legítimas dudas sobre las intenciones que se tejen “debajo de la mesa”, especialmente ante la proximidad del 30 de diciembre, plazo fatal que la Ley Electoral establece para emitir la declaratoria oficial.
Tras una jornada donde lo único indiscutible fue la vocación democrática del pueblo hondureño -y un evidente voto de castigo a la gestión del Partido Libre que no obtuvo ni el 20% del total de sufragios emitidos, según se constata de los votos ya escrutados-, las narrativas de fraude suben de tono. Preocupa que los escrutadores hayan llegado, incluso, a desconocer la legislación vigente, tal como denunciaron las consejeras Hall y López.
La sociedad demanda superar los obstáculos artificiales y concluir el proceso en los tiempos legales, respetando fielmente la voluntad expresada en las urnas. Asimismo, los organismos internacionales que observan el proceso exigen respeto a la institucionalidad y al voto ciudadano.
La solución no puede ser, bajo ningún concepto, dilatar la declaratoria para forzar decisiones que fracturen aún más nuestra debilitada democracia.
La política no abona a la paz social; por el contrario, golpea la economía y ahuyenta la inversión necesaria para generar empleos.
Honduras vive momentos difíciles en los que deben prevalecer a toda costa el respeto al Estado de derecho, a la institucionalidad y a las leyes electorales sobre cualquier interés partidario.
