El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras, Juan Carlos Monge, presentó ayer el Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el país durante 2025, el que no nos deja buenas noticias sobre la situación de esos derechos en nuestro país, que siguen siendo vulnerados.
El informe es una radiografía de las violaciones -persistentes algunas- de los derechos humanos en Honduras: la impunidad, la violencia contra las mujeres, las restricciones del espacio cívico, los femicidios, la conflictividad social vinculada al derecho a la tierra, la defensa de los recursos naturales.
Graves son los señalamientos sobre los resultados del estado de excepción, considerado por las autoridades del Gobierno de la presidenta Castro como la principal estrategia de lucha contra el crimen, el que conllevó la suspensión de derechos y garantías, asesinatos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el contexto de disputas territoriales entre estructuras criminales.
Exponen que documentaron 18 casos de presunta desaparición forzada desde el inicio del estado de excepción, ocho de los cuales ocurrieron en 2025, ninguno de los cuales había sido judicializado ni se haya averiguado el paradero de las víctimas, pese a las denuncias realizadas.
Si bien, los resultados del informe no son para nada alentadores, también es cierto que el mismo es un punto de partida que, coincidiendo con el inicio de un nuevo gobierno, convoca al diálogo, la reflexión sobre la vigencia de los derechos fundamentales y una oportunidad para identificar los avances y los desafíos que se plantean.
El informe de la ONU no debe ser guardado en un cajón; debe ser el punto de partida para una rectificación urgente. Eso es lo que la ciudadanía espera año con año.
