Para nadie es desconocido el alto nivel de vulnerabilidad de la capital hondureña, expuesta en invierno a inundaciones, deslaves y deslizamientos de tierra; y en verano, a incendios forestales, escasez de agua y altos niveles de contaminación del aire, entre muchos otros problemas estructurales que agobian a su población.
Los especialistas explican que la accidentada topografía de la ciudad y un desarrollo urbano desordenado, que históricamente careció de planificación, exponen a cientos de miles de personas a riesgos constantes, especialmente durante la temporada de lluvias. Asimismo, la deforestación, el colapso de los sistemas de drenaje y alcantarillado, y la acumulación de basura en los cauces de los ríos y quebradas que cruzan la ciudad incrementan sensiblemente su grado de vulnerabilidad.
El presidente del Colegio de Arquitectos de Honduras, Jacobo Bertrand, informó esta semana que, según datos estadísticos, Tegucigalpa tiene cerca de 200 lugares de alto riesgo de derrumbes en laderas, inundaciones y, en casos particulares, de sequía no recomendables para construir.
Además, dejó sobre la mesa un dato preocupante: son cerca de 700,000 personas las que habitan en estas áreas vulnerables.
El tema ha vuelto a la palestra pública tras el derrumbe de un cerro en el Anillo Periférico, el cual ocasionó la muerte de tres jóvenes trabajadores de una de las bodegas afectadas. “La tragedia fue por una combinación de alteraciones al terreno durante varios años, la ausencia de obras de mitigación y factores naturales que comprometieron la estabilidad del talud”, señala un informe preliminar de la Alcaldía Municipal sobre las causas del accidente.
Tras lo sucedido, es imperativo que las autoridades impulsen políticas que lleven a la aplicación estricta de las leyes de ordenamiento territorial, garantizar la transparencia en los permisos de construcción y aplicar la ley sin excepciones. De lo contrario, la vulnerabilidad de la capital seguirá cobrando el precio más alto e irreversible: la vida de sus habitantes.
