Los constantes ataques que desde las Fuerzas Armadas se han hecho a varios periodistas y medios de comunicación hondureños trascendieron las fronteras nacionales y fue denunciada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su asamblea anual realizada en República Dominicana. La SIP advirtió que la labor periodística en Honduras se ha visto “gravemente afectada” por un “patrón de intimidación, difamación y estigmatización atribuido a las Fuerzas Armadas, hechos que se suman a otras violaciones que marcan un incremento en los niveles de intolerancia frente a la crítica, reflejado en amenazas, intimidaciones, estigmatización, agresiones físicas selectivas, insultos, descalificaciones y detenciones arbitrarias”.
Lastimosamente, estas acciones no abonan a la imagen del país, que sigue siendo colocado en la lista de los más peligrosos para ejercer el periodismo en el continente y que socavan uno de los principales baluartes de la democracia: la libertad de expresión. Porque como bien lo dijo el presidente saliente de la SIP, José Roberto Dutriz, “la libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas, es un derecho de la sociedad”, razón más que valedera para que alcemos la voz y luchemos por su defensa.
El acoso judicial, los ataques, las amenazas, las intimidaciones, las campañas de desprestigio, como las que han salido últimamente de las Fuerzas Armadas; y los más de 100 periodistas y personas ligadas a medios de comunicación asesinadas desde 2001 a la fecha, no deberían de ser nunca la respuesta a un periodismo crítico, independiente, que con sus oportunas denuncias de actos de corrupción, abuso de poder u otras acciones ilegales, obliga a los funcionarios y sus instituciones a ser transparentes, a la rendición oportuna de cuentas y actuar dentro de los marcos que establecen la Constitución y las leyes. El camino a seguir debería ser, más bien, asegurar el respeto irrestricto de tales derechos.
