La presidenta Xiomara Castro ordenó la noche del lunes “que se separe de sus cargos, de forma inmediata, a quien haya dado instrucciones de reprimir al pueblo que se encuentra en plantón pacífico en las afueras del Infop”.
Los desalojos se ejecutaron tras horas de protestas de los activistas del Partido Libre a inmediaciones del Centro Logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde debe realizarse el escrutinio especial de las actas con inconsistencias en las que están en juego más de medio millón de votos que son decisivos para quebrar el empate técnico que hasta ahora mantienen, en el nivel presidencial, los candidatos del Partido Nacional y el Partido Liberal.
La presidenta considera que los manifestantes lo hacían de manera pacífica a pesar de que por horas bloquearon el tráfico por el bulevar de las Fuerzas Armadas, agredieron a los peatones, entre ellos a un joven motociclista y su compañera cuando intentó saltarse el tranque, y a periodistas que cumplían en el lugar su misión de informar.
“Hasta bailes hemos visto ahí y no es posible que se tomen acciones contra una población que lo que está exigiendo es claridad y transparencia en este proceso electoral y que se respeten sus derechos”, dijo la gobernante en comunicación con un medio local.
La posición de la mandataria en defensa de sus correligionarios fue cuestionada por abogados constitucionalistas y otros sectores sociales que consideran que la autoridad actuó en el marco de la ley.
En medio de la conflictividad actual, el llamado es a asegurar el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, sin importar el color de la bandera política que levanten, a la legalidad, a la calma, a empujar la carreta en la misma dirección, es decir, a que se termine el escrutinio y se respete la voluntad del electorado ya expresado en las urnas.
