Ante las diferencias entre los magistrados se mantiene paralizado el organismo encargado de impartir justicia en el campo electoral a tan solo 40 días de las elecciones generales, introduciendo con ello un ingrediente de incertidumbre que en nada favorece al proceso en su recta final.
Como se ha visto, la negativa del magistrado Mario Morazán, militante del oficialista partido Libre, ha impedido que el pleno del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se reúna para conocer de cuatro recursos de apelación, uno de ellos interpuesto por el diputado liberal y excandidato presidencial, Jorge Cálix, quien busca inscribirse en las planillas de diputados en el departamento de Olancho.
Primero, Morazán se opuso a una reunión virtual del pleno de magistrados aduciendo que las mismas no estaban reguladas, y después porque había un recurso de recusación en contra del presidente del TJE, Mario Flores. Para salvar el impasse se llamó a integrar el pleno a los suplentes Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía, pero hicieron caso omiso al llamado.
Las posiciones antagónicas solo hacen saltar dudas y preguntas sobre las verdaderas razones por las cuales se mantiene paralizado el TJE, sin importarles las consecuencias, principalmente la legitimidad de las resoluciones que les compete resolver.
Lo cierto es que no hay justificaciones válidas para que a estas alturas los magistrados no logren superar sus divergencias y sentarse a analizar, en el marco estricto de la Constitución y las leyes electorales, las peticiones que tienen sobre la mesa.
El respeto a la institucionalidad, en este caso del TJE, que deberá conocer en el futuro cercano denuncias, quejas e irregularidades que puedan presentarse en el proceso, debe comenzar por sus propios miembros. Ellos están obligados a garantizar su independencia en la toma de decisiones, vital para el futuro de la democracia.
