El expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y los miembros de la Comisión Permanente nombrada al final de su mandato deberán comparecer ante los tribunales competentes para responder por un comportamiento presuntamente ilegal y arbitrario en el contexto del proceso electoral de noviembre de 2025. La Fiscalía acusa a Redondo de los delitos de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
Como era de esperarse, Redondo y los demás señalados por la Fiscalía afirman ser víctimas de persecución política por parte de las actuales autoridades gubernamentales. Sin embargo, los hechos ocurridos durante el proceso electoral están frescos en la memoria de los hondureños, quienes vieron cómo las actuaciones de las autoridades legislativas de entonces, con el apoyo e impulso de funcionarios del Poder Ejecutivo y de un sector político, pusieron en vilo la democracia hondureña.
Las acciones del Ministerio Público han sido bien recibidas por amplios sectores de la sociedad, que demandan que se sienten precedentes para que en la política nacional no vuelvan a repetirse hechos similares a los denunciados. La defensa no reside en el ataque a los opositores. El único camino a seguir en este momento es acudir a los tribunales competentes y responder a cada una de las imputaciones. Por su parte, los organismos encargados de impartir justicia están obligados a actuar con estricto apego a la ley, respetando el debido proceso de cada uno de los imputados y aplicando las sanciones correspondientes si resultaran responsables.
El mensaje debe ser claro para quienes gobiernan y para quienes aspiran a hacerlo: cumplir con la ley es el único camino para evitar enfrentar a la justicia en el futuro. El respeto a la majestad de la Constitución es fundamental y no puede ponerse en precario
