Un nuevo accidente vial ocurrido en el sector de El Rodeo, Comayagua, ha enlutado a las familias de siete funcionarios policiales que regresaban a su base en el departamento de El Paraíso, por la trágica carretera del norte.
Como ya es habitual, este percance se achaca a un error humano. Según las investigaciones preliminares, el conductor, de 40 años, circulaba a alta velocidad, invadió el carril contrario e impactó contra el autobús en el que se transportaban los agentes.
Pero no solo eso: el hombre no tenía su licencia actualizada y circulaba en una unidad de transporte que carecía de los respectivos permisos de circulación, algo que se ha vuelto rutinario en todas las carreteras del país ante la pasividad de las autoridades. Lo mismo ocurrió con la volqueta que causó el accidente donde fallecieron siete personas en la colonia Villa Nueva de la capital, y con la rastra que transportaba 20 toneladas de cianuro granulado que chocó de frente contra un autobús de pasajeros en la carretera CA-4, a la altura de La Ceibita en Quimistán, Santa Bárbara, dejando un saldo de ocho personas muertas.
Tras cada suceso nos indignamos, pero, por igual, olvidamos rápidamente que los accidentes de tránsito son la segunda causa de muertes violentas en Honduras y que, por este motivo, solo en lo que va de 2026 han muerto más de 900 personas en más de 1,700 incidentes a nivel nacional.
Lo que sucede en nuestras carreteras no debe ser solo tema de análisis en una mesa de siniestralidad vial que dicen que está en funciones, pero que sigue sin ofrecer resultados palpables. Es hora de entender que las carreteras hondureñas no están cobrando vidas por mera fatalidad, sino por la complicidad de la negligencia y la impunidad. No podemos seguir permitiendo que la indignación dure solo lo que tarda en enfriarse la noticia. Si las autoridades y la sociedad no reaccionan con medidas drásticas y permanentes, la lista de víctimas seguirá creciendo, y mañana, trágicamente, el luto podría tocar a cualquiera de nuestras familias.
