Pese a todos los malos augurios, la distribución del material electoral a los departamentos de Atlántida, Colón y Ocotepeque se realizó la tarde de ayer como estaba programado.
En el acto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, reafirmó que “las elecciones van, nadie detendrá las elecciones generales en este país (...)”. “Que la gente sepa que puede acudir a las urnas el 30 de noviembre con la confianza de que estará allí el material electoral”.
Este evento marca el inicio de la recta final de un proceso complejo, caracterizado por la tensión entre los intentos de boicot y el innegable clamor ciudadano por unos comicios pacíficos, transparentes y respetuosos de la voluntad popular.
En este contexto, resulta alentador escuchar a las autoridades electorales recalcar su disposición a que el cronograma se cumpla a cabalidad y que el domingo 30 de noviembre la organización e instalación de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) se realice en tiempo y forma. Sin embargo, el traslado del material exige una vigilancia rigurosa, no solo de los observadores acreditados ante el CNE, sino de la ciudadanía en general. La veeduría social es indispensable para blindar las maletas electorales ante cualquier intento de manipulación.
No se puede ignorar que el camino no está libre de obstáculos: faltan GPS, hubo errores graves en 200,000 credenciales y fallas en la biometría, según las denuncias hechas públicas por la consejera Cossette López.
Pero, ante esto, el CNE no tiene margen de error; debe demostrar con hechos que puede superar estos tropiezos y garantizar un proceso limpio. Esa es la aspiración y el reclamo de la sociedad hondureña.Los errores que se cometieron en las elecciones internas del 9 de marzo pasado no deben volver a presentarse.
