EL HERALDO ha publicado en su edición de ayer una investigación sobre malas prácticas médicas, que terminó con la vida de una niña de 17 años en el Hospital del Niño Quemado.
La madre de la menor que vive en Roatán, Islas de la Bahía, clama por justicia, pues el caso está impune ocho meses después de haber ocurrido. Este no es el único caso, pues según los registros, desde 2010, el Ministerio Público ha recibido 948 denuncias más, pero solo en uno se dictó requerimiento fiscal.
Está claro que estos no son los únicos casos, porque son muchos más los que pueden estarse presentando y que no son denunciados a las autoridades respectivas para su investigación y juzgamiento de los responsables, ya sea por falta de conocimiento, miedo a represalias o por temor a enfrentarse a un gremio médico poco receptivo a la investigación de uno de los suyos que se vea involucrado en este tipo de situaciones, entre otras causas.
Y vale aclarar que la mala praxis no solo es aplicable en aquellos casos en los que el paciente pierde la vida; el término es mucho más amplio y puede incluir, según los estudios especializados, desde un diagnóstico equivocado, un tratamiento inadecuado, errores en la administración de medicamentos, falta de atención adecuada, falta de información al paciente sobre su condición médica, daños físicos o emocionales al paciente, entre otros.
La problemática demanda una mayor atención por parte del gremio médico, de las autoridades sanitarias y de las autoridades de investigación, para que los casos denunciados no queden impunes.
Pero también es prioritario que se impulsen políticas públicas que garanticen la seguridad del paciente y la calidad de los servicios que se ofertan tanto en el sector público como en el privado, y como lo propone la OMS fomentar un entorno donde los pacientes se sientan seguros al reportar errores médicos porque ello puede ayudar a prevenir futuras malas prácticas y mejorar la calidad general de la atención médica.
