El expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no quiso irse del cargo sin antes cometer una más de las arbitrariedades que marcaron su gestión de cuatro años en ese poder del Estado.
En los últimos días de enero, la sociedad fue sorprendida al conocer cómo de manera arbitraria, el congresista mandó a publicar un decreto que otorga facultades como querellante autónomo a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) que nunca fue aprobado por el pleno de diputados. El decreto 48-2025 fue remitido para su publicación el 22 de enero, es decir, un día después de haber vacado en su cargo.
Según el decreto, la CICIH será creada mediante un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por un período de cinco años, a pesar de que él sabía que ese acuerdo nunca llegó a concretarse a lo largo de la administración de la expresidenta Xiomara Castro.
Las razones por las cuales Redondo mandó a hacer la publicación se desconocen, pero sí deja claro el irrespeto que el exdiputado tuvo a lo largo de su gestión de la Constitución de la República.
La ley mandada a publicar por Redondo carece de todo sustento legal. Es una aberración jurídica, dicen los especialistas en el tema. Este hecho constituye un abuso de poder que se suma a una cadena de excesos institucionales que han debilitado la legalidad, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en el Poder Legislativo, planteó, por su parte, el CNA. Es, sin duda, un caso que no debe dejarse pasar como una arbitrariedad más de Redondo.
Es una acción, una decisión que debe ser investigada de oficio por el Ministerio Público y castigada de acuerdo con los preceptos legales vigentes para sentar precedentes, ya que ningún funcionario puede estar por encima del estamento legal vigente.
