Más de un millón de niños, niñas y jóvenes se encuentran actualmente fuera del sistema formal de enseñanza en Honduras, no porque no quieran sino como consecuencia de la falta de oportunidades que se les ofrece desde el Estado mismo.
Hay que recordar que este no es un fenómeno aislado, pero sí un tema recurrente del que se habla y se escribe en el inicio de cada año escolar, cuando se analizan las estadísticas del ciclo escolar anterior, y, en años como el actual, cuando asume un nuevo gobierno y con ello, nuevas autoridades educativas a las que se les pide enfocar sus actividades en los problemas estructurales del sistema público de enseñanza, como el de estos niños y jóvenes que año con año se quedan fuera del sistema por diversas causas.
La desatención -por parte de las autoridades competentes- de esta problemática profundiza el problema, pues desde las más altas esferas del poder se centran, generalmente, en la repetición de políticas públicas que a todas luces no han tenido la fuerza necesaria para hacer entender a las familias y a los estudiantes la importancia de los procesos educativos, y sus beneficios.
Es tiempo de actuar, de asumir que cada número al que tenemos acceso sobre el total de quienes no tienen o se les cierran las oportunidades de acceder a una aula de clase es más que eso, más que un número, son niños y niñas, adolescentes obligados a trabajar o expuestos a la delincuencia y, en casos extremos, a la migración.
La situación actual convoca a las autoridades y a la sociedad en general a trabajar de la mano para garantizar el derecho a la educación de cada niño, niña y joven. La meta debe estar clara: que su formación académica se convierta en el motor que les impulse a romper, de una vez por todas, los ciclos de pobreza en los que hoy se encuentran atrapados.
