Más de 30 organizaciones internacionales y nacionales defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos han encendido las alarmas. Ayer, expresaron su creciente preocupación por los ataques contra medios de comunicación y periodistas de cara a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
En un contundente comunicado, entidades de alto prestigio como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Artículo 19, IFEX-LAC y PEN Internacional, entre otras, advierten sobre un entorno “hostil e incompatible con los estándares internacionales” en Honduras.Las organizaciones señalan directamente al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, quien recientemente lanzó acusaciones públicas contra la prensa, calificando coberturas críticas como “campañas mediáticas disfrazadas” e insinuando nexos con el crimen organizado.
Este discurso constituye un claro acto de estigmatización que busca desacreditar el ejercicio periodístico en un momento clave para la nación.
Cabe recordar que la libertad de expresión es un baluarte de la democracia y un derecho tutelado por el artículo 72 de la Constitución de la República, que establece: “Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura”.
Atacar a la prensa es en todo momento condenable porque socava no solo la labor de informar, sino el derecho de la ciudadanía a la transparencia y la lucha contra la corrupción.
El desafío hoy del Estado es el de garantizar la seguridad y la independencia de los medios a informar, principalmente en momentos tan decisivos para la nación. Criminalizar la crítica no abona al clima de paz que demanda la sociedad hondureña, hoy abocada a un proceso electoral decisivo
