El Congreso Nacional aprobó esta semana un paquete de reformas para fortalecer al Estado hondureño en su lucha contra la criminalidad organizada.
La Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional fue aprobada, en un hecho inédito, por unanimidad de los diputados y en un solo debate.
Las reformas se aprobaron a petición del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa como parte de las políticas de seguridad impulsadas por la administración del presidente Nasry Asfura, en momentos en que los grupos delictivos mantienen acorralada a la ciudadanía. De ahí que diversos sectores sociales vean con buenos ojos las medidas anunciadas, aunque con las prudentes reservas manifestadas por los organismos de derechos humanos.
Existe consenso en que esta lucha debe ser implacable contra los criminales, pero también en que queda mucho por hacer más allá de promulgar nuevas leyes. Se debe recordar que no es la primera vez que se anuncian medidas severas contra el crimen y que estas terminan chocando contra los muros de corrupción e impunidad que históricamente han permeado las estructuras policiales y judiciales.
Por ello, se clama por procesos permanentes de depuración en todas las instituciones involucradas: la Policía Nacional, los entes de investigación y los órganos encargados de impartir justicia.
Honduras ya cuenta con un amplio marco jurídico aprobado a lo largo del tiempo para hacer frente a la violencia.
Endurecer las penas o crear nuevas normativas no ha sido la respuesta en el pasado; el verdadero reto hoy radica en hacer cumplir las leyes existentes, sin dejar de lado políticas integrales de prevención del delito.
