La seguridad es, sin duda, uno de los principales desafíos de la administración del presidente Asfura, que ya ha cumplido sus primeros cien días en el manejo de la cosa pública. Entre el 27 de enero y el 26 de abril de 2026, en Honduras se registraron 588 homicidios -25 más que en el mismo período del año anterior- según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol). Asimismo, el país mantiene la tasa de femicidios más alta de la región (5.1) y una crisis de extorsión que afecta a más de 300 mil personas, de acuerdo con la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Otros delitos, como el secuestro, el narcomenudeo y la trata, muestran una tendencia al alza según diversos análisis. La deficiente investigación criminal, sumada a los altos índices de impunidad, constituye un binomio que profundiza la crisis.
La inseguridad y la violencia en Honduras no son solo cifras; son fenómenos que han transformado la vida cotidiana, la economía y la estructura social del país.
Detrás de las estadísticas se esconde una realidad dolorosa: la fractura de familias golpeadas por la muerte, el desplazamiento forzado, la deserción escolar de niños expuestos al crimen, el aumento de la pobreza y la disminución de la inversión nacional y extranjera.
Como vemos, el problema es complejo y demanda acciones firmes e integrales de todo el aparato estatal.
En su plan de gobierno, Asfura propuso reducir la impunidad mediante el empoderamiento ciudadano, el fortalecimiento del sistema de investigación y del sistema penitenciario, el endurecimiento de penas y una estrategia antiextorsión frontal, entre otras medidas. La actual administración cuenta con poco más de tres años para convertir esas ofertas electorales en resultados tangibles para la ciudadanía que a diario reclama seguridad.
