La violencia en todas sus formas es uno de los principales problemas que golpean a la población hondureña. Lejos de disminuir, el fenómeno se acentúa dejando a su paso luto, dolor y familias desintegradas.
Entre sus consecuencias destaca el grave impacto a la economía familiar -ya que las víctimas suelen ser personas en plena edad productiva- y la presión al sistema sanitario, constantemente rebasado.
Según datos oficiales y del Observatorio de la Violencia de la UNAH, en el país se registran diariamente 12 muertes violentas: seis homicidios, cinco accidentes de tránsito y un suicidio. El alto porcentaje de feminicidios agrava esta crisis, dejando a cientos de niños en la orfandad.
El sistema de salud pública absorbe el impacto financiero de esta epidemia social, especialmente por los accidentes viales. Solo en el Hospital Escuela se reportan hasta 15 ingresos diarios por esta causa, con un costo para el Estado de entre 40,000 y 60,000 lempiras por paciente al día. Casos complejos pueden llegar a costar un millón de lempiras; recursos que se pierden en incidentes que pudieron prevenirse.
Los retos para el Gobierno de Nasry Asfura, a casi un mes de haber asumido el poder, son monumentales. Esto obliga a la implementación inmediata de políticas de Estado integrales que enfrenten con rigor las causas estructurales de la violencia.
Pero no solo el Poder Ejecutivo debe actuar con prontitud en estos temas.
No se debe olvidar que la lucha contra la violencia requiere, más allá de los discursos y las ofertas electorales, de jueces independientes y fiscales comprometidos en la lucha contra la impunidad, que no solo es la ausencia de castigo para los que cometen delito, sino un aliciente para que los delincuentes sigan actuando y extendiendo sus campos de acción al margen de la ley.
