La extorsión sigue siendo uno de los delitos que afecta directamente a miles de hondureños, principalmente a las micro y pequeñas empresas, a los transportistas, lo que expone el fracaso de las políticas gubernamentales para hacer frente a los delincuentes que se dedican, casi impunemente, a esta actividad, ya no solo en las ciudades grandes, como Tegucigalpa y San Pedro Sula, sino que en muchas otras comunidades del interior del país.
La actual administración gubernamental puso en marcha en diciembre de 2022 el estado de excepción, medida que promovieron como el principal pilar de las políticas de seguridad para hacer frente al delito de la extorsión.
A la luz de las cifras que exponen estudios especializados de instituciones no gubernamentales como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la medida no ha tenido los efectos esperados porque a más de dos años, los extorsionadores no solo siguen cobrando su mal llamado “impuesto de guerra”, sino que han extendido su accionar.
Si bien las autoridades competentes informan a diario de capturas de hombres y mujeres que se dedican a esta actividad, lo cierto es que todos los días surgen nuevos grupos “como hormigas”, que han encontrado en esta actividad una manera fácil de hacer dinero, se quejan las víctimas, que no encuentran en los cuerpos de seguridad del Estado el apoyo para hacerle frente a estas estructuras.
Las consecuencias de este delito son graves, principalmente para las víctimas que se exponen hasta la muerte si no pagan la extorsión.
Estos delitos no deben seguir sin investigación y castigo. El gobierno debe responder y enfrentar con firmeza a los delincuentes, y si ello pasa por revisar sus políticas públicas, principalmente la del estado de excepción, hacerlo sin dilaciones, pues la seguridad de las personas debe prevalecer
