La aprobación de leyes para hacer frente a la criminalidad, la violencia y la delincuencia es, sin duda, abundante en Honduras. Todos los gobiernos, o casi todos, promueven sus propias normativas con base en políticas públicas diseñadas para combatir estos problemas que agobian a la sociedad.
En su edición de ayer, Diario EL HERALDO publicaba que, desde 2002 hasta 2026, Honduras ha implementado al menos 24 políticas y 130 leyes para atacar la inseguridad, el narcotráfico y la violencia. Vale destacar que en ese período también se han impulsado procesos de depuración en las instituciones policiales, los cuales han incluido la creación de nuevas fuerzas y la desaparición de otras. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados.
Lo cierto es que el país no cuenta con políticas de seguridad con una visión de largo plazo. Cada cuatro años, quienes asumen los poderes del Estado impulsan su propia agenda, desechando las estrategias de sus antecesores, especialmente si no pertenecen a la misma línea partidaria.La corrupción es el otro factor crítico que salta a la vista cuando se analiza el fracaso de estas políticas a lo largo del tiempo. Las denuncias de abusos por parte de los agentes policiales y el desvío de los presupuestos asignados son constantes, mientras que la acción investigativa resulta casi imperceptible.
¿Y la politización de los organismos encargados de impartir justicia? No hay duda de que es un punto crucial. Imponer a aliados del oficialismo en los órganos operadores de justicia solo perpetúa los niveles de impunidad y profundiza la inseguridad y la violencia que abaten a la sociedad.Es claro que mientras la clase política no cambie su forma de ejercer el poder, los hondureños seguirán enfrentándose a una persistente ola de criminalidad. Es tiempo de estructurar políticas de Estado sostenibles en el tiempo, sin importar el partido en el gobierno, y sin olvidar la urgente y constante depuración de la Policía, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
