La institucionalidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) está siendo puesta en precario por el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro que, en un Consejo de Ministros, decidió el sábado anterior avalar un ilegal decreto previamente aprobado por el Congreso Nacional y sancionado por la mandataria, para un nuevo escrutinio de los votos de la elección del pasado 30 de noviembre.
Las acciones encaminadas desde la actual administración han sido firmemente rechazadas por el resto de fuerzas políticas y la sociedad, convencidos que con las mismas se está desconociendo la institucionalidad de los órganos electorales y la voluntad ya expresada por el pueblo hondureño en las urnas.
Acciones que incluso fueron advertidas por la Secretaría General de la OEA al expresar su preocupación por el interés de un reducido grupo de diputados que, desconociendo las normas del derecho parlamentario, tomaron decisiones orientadas a obstaculizar la transición pacífica del poder y el respeto al voto popular, en tanto, otras naciones rechazaron la decisión de la presidenta Castro de sancionar el ilegal decreto que desconoce la autoridad del máximo ente electoral que representa el CNE. Estados Unidos volvió a ser claro: “Habrá consecuencias si se desconocen los resultados”.
Ninguna de las justificaciones en las que Redondo y sus seguidores han tenido a bien para pedir el nuevo escrutinio son válidas, cuando de todos es sabido que -aun en medio de los ataques y amenazas de que han sido objeto- los miembros del CNE han cumplido con la legislación vigente y emitido las declaratorias en el marco de las leyes de la República. Los vacíos legales no existen pues hay una declaratoria oficial emitida en tiempo y forma como ordena la Constitución.
Desconocer los resultados y forzar una crisis electoral y política es ampliamente cuestionable, pues pone en precario la democracia y el Estado de derecho. El pueblo hondureño ya expresó su voluntad en las urnas y su decisión debe ser respetada por todos los actores políticos, les favorezca o no el voto emitido. Generar crisis, desnaturalizar el proceso electoral con fines aviesos y negarse a la transición pacífica del poder es reprochable y propia de actores antidemocráticos que no saben perder. El pueblo hondureño merece una transición pacífica del poder
