La ola de violencia sigue golpeando con fuerza a la población hondureña que, impotente, ve correr la sangre de hombres, mujeres, niños y niñas que, sin importar la edad, pierden la vida a manos de sicarios.
Entre las últimas víctimas están tres estudiantes de octavo grado del colegio Intae de San Pedro Sula, quienes habrían sido raptados y asesinados tras ser interceptados por desconocidos entre las colonias La Pradera y Reparto Lempira. No se conocen las causas y mucho menos los responsables de la abominable masacre.
Este crimen ha causado indignación en la sociedad hondureña, incluso del ministro de Educación, Daniel Esponda, que clama por una investigación exhaustiva del caso y el castigo de los responsables.
Según las estadísticas del Observatorio de la Violencia de la UNAH, los jóvenes entre 0 y 30 años de edad siguen siendo las principales víctimas de la creciente ola de violencia que azota al país.
Las valoraciones del porqué los están asesinando son muchas, pero también los cuestionamientos a las máximas autoridades del Estado hondureño que desde hace muchos años parecen haberse limitado a llevar las estadísticas, sin importarles las consecuencias que ello conlleva para la sociedad.
La inacción de los órganos encargados de impartir justicia es también inadmisible y no debe permitirse más.
Es tiempo de que hagan un alto y valoren lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. Que asuma cada quien sus responsabilidades en el área que le competa.
Sumar los cadáveres de nuestros jóvenes no debe ser más la única opción.
Nuestros jóvenes merecen vivir sin miedo y que se les garanticen todas las oportunidades que sean posibles para caminar a ser los líderes, los constructores de una Honduras más próspera, segura y equitativa.
