Honduras registra, solo en 2021, el asesinato de 305 mujeres, y los casos suman día a día. Irracional. Las mujeres han sido víctimas de sus esposos, sus parejas, de sus novios o desconocidos, sicarios, que actuaron impunemente, ante la pasividad de un Estado que se cruza de brazos ante tanta brutalidad.
Las mujeres, no importando su edad, están siendo asesinadas en la calle, camino a sus trabajos y a la escuela, y lo más lamentable, en sus hogares, donde se supone deberían estar seguras.
Lamentable e indignante es también la negligencia de las autoridades ante estos casos. Su indiferencia es inaceptable.
Según las estadísticas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de cada 100 casos de muertes violentas de mujeres “apenas 10 o 20 son judicializados”, mientras que desde el Observatorio de la Violencia de la UNAH se informa que el 95% de los asesinatos están en la impunidad.
La investigación de los casos no es efectiva, las autoridades se limitan en la mayoría de los casos al levantamiento de los cuerpos y su traslado a la morgue judicial para la autopsia de ley, y nada más.
Esa indiferencia debe parar.
Es hora que las instituciones y las autoridades competentes asuman su responsabilidad y que la indiferencia frente a estos casos no sea la norma en sus acciones diarias, y que si no las tienen, definan estrategias de atención efectiva a esta problemática.
Agilizar la investigación y judicialización de los casos es prioritario.
Se debe definir también políticas públicas eficientes que procuren la protección de la mujer, así mismo la educación a favor de la prevención en violencia de género, para que poco a poco, los niños, los jóvenes y los adultos se vayan formando en una cultura sin violencia.
Las mujeres, no importando su edad, están siendo asesinadas en la calle, camino a sus trabajos y a la escuela, y lo más lamentable, en sus hogares, donde se supone deberían estar seguras.
Lamentable e indignante es también la negligencia de las autoridades ante estos casos. Su indiferencia es inaceptable.
Según las estadísticas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de cada 100 casos de muertes violentas de mujeres “apenas 10 o 20 son judicializados”, mientras que desde el Observatorio de la Violencia de la UNAH se informa que el 95% de los asesinatos están en la impunidad.
La investigación de los casos no es efectiva, las autoridades se limitan en la mayoría de los casos al levantamiento de los cuerpos y su traslado a la morgue judicial para la autopsia de ley, y nada más.
Esa indiferencia debe parar.
Es hora que las instituciones y las autoridades competentes asuman su responsabilidad y que la indiferencia frente a estos casos no sea la norma en sus acciones diarias, y que si no las tienen, definan estrategias de atención efectiva a esta problemática.
Agilizar la investigación y judicialización de los casos es prioritario.
Se debe definir también políticas públicas eficientes que procuren la protección de la mujer, así mismo la educación a favor de la prevención en violencia de género, para que poco a poco, los niños, los jóvenes y los adultos se vayan formando en una cultura sin violencia.
