En momentos en los que el Ministerio Público de Honduras promueve requerimientos fiscales contra dos miembros del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) a quienes acusa de cometer el delito de prevaricato judicial, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió una declaración en la que expresa “su preocupación por los recientes acontecimientos en Honduras que afectan el proceso de las elecciones nacionales”.
En la citada comunicación, la OEA señala que “más allá del legítimo debate en torno a las decisiones y procedimientos específicos de las autoridades electorales, es responsabilidad del Estado garantizar la autonomía, la continuidad y el libre ejercicio de estas instituciones”.
Las acciones de la fiscalía también preocupan a líderes políticos y de varios sectores sociales, que consideran las mismas como un ataque a la independencia de los organismos electorales y del mismo proceso electoral.
El clamor es que se respete la independencia de los organismos electorales, principalmente en los días previos a la elección a nivel nacional.
La OEA ha expresado que “la independencia y estabilidad (de los organismos electorales) son pilares esenciales de la gobernanza democrática, particularmente en las últimas semanas previas a una elección. Las diferencias internas dentro de los órganos colegiados pueden reflejar el pluralismo democrático, pero no deben generar parálisis, socavar el calendario electoral ni afectar la confianza pública en el proceso electoral”.
El futuro democrático de Honduras pende de un hilo y es obligación de toda la sociedad trabajar fuertemente para que todos los problemas que ahora brotan se resuelvan en el marco del respeto irrestricto de la Constitución y las leyes de la República, y como lo ha establecido la OEA en su comunicado, contribuir a la celebración de las elecciones generales en la fecha establecida y en las mejores condiciones posibles.
