No es la primera vez que lo decimos en esta columna editorial: la violencia no da tregua en Honduras, donde el asesinato de mujeres se ha convertido en una pandemia que parece estar normalizándose en la sociedad.
El pasado fin de semana, las autoridades policiales reportaron el asesinato de ocho mujeres en 72 horas; ayer se sumaron dos más.Los casos se registran tanto en las grandes ciudades como en comunidades rurales, las cuales ven alterada su tranquilidad por el asesinato de sus mujeres, muchas de ellas en sus propios hogares, el sitio que se supone debería ser el más seguro para sus vidas.Alarmantes son, de igual forma, las formas grotescas en las que muchas de las víctimas son asesinadas. Resaltan los casos de dos niñas que, tras desaparecer de sus hogares, fueron encontradas desmembradas y con señales de tortura.
Cada caso es registrado y lamentado en su momento, pero con el paso del tiempo son muy pocos los avances de los cuerpos de investigación correspondientes, lo que permite que los asesinos sigan libres acechando a más víctimas.
Si bien en el Congreso Nacional se han aprobado reformas que recrudecen las penas contra los feminicidas, el problema sigue inalterable dados los bajos niveles de investigación que permitan identificar y capturar a los agresores.
Es claro que, mientras los índices de impunidad en estos casos se mantengan por encima del 90 % -según cifras oficiales-, el problema continuará en aumento. Ese es el verdadero reto del Estado: reducir esa estadística. Pues no basta con condenar la tragedia o endurecer las leyes. Mientras no exista una verdadera voluntad política e institucional para investigar, castigar y educar, la vida de las mujeres hondureñas seguirá en peligro.
