Para nadie es desconocido que el desempleo es uno de los problemas estructurales de la sociedad hondureña. Es, de hecho, una de las principales causas que han orillado a millones de hondureños a migrar a otros países, principalmente a Estados Unidos, en busca de una oportunidad laboral y un salario que les permita cubrir sus necesidades básicas de salud, educación y vivienda.
A pesar de ello, quienes han gobernado el país, sin importar el partido político al que pertenezcan, muy poco han hecho para crear esas oportunidades laborales que demanda la población, que cuando la economía no genera suficientes puestos de trabajo formales para absorber a su fuerza laboral, se ven “orilladas” a buscar alternativas para subsistir.
El Boletín Competitivo Regional, publicado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), sitúa a Honduras como el segundo país de Centroamérica con la mayor tasa de empleo informal (82.6%), solo por detrás de Guatemala. Esto significa, en otras palabras, que 8 de cada 10 trabajadores en el país no cuentan con un contrato formal, carecen de acceso a la seguridad social y no están sujetos a las leyes laborales que regulan y protegen aspectos tan importantes como la estabilidad, los horarios y el pago de salarios justos. Esta informalidad no solo afecta a los trabajadores, sino también al Estado, ya que los trabajadores y las empresas informales no pagan impuestos sobre la renta ni las cotizaciones a la seguridad social, limitando drásticamente su capacidad de obtener ingresos para financiar servicios públicos esenciales.
Este documento, como muchos otros que se publican a diario en el país, no debe ir a parar al basurero. Por el contrario, debe llegar a las manos de los tomadores de decisiones para que, con base en sus hallazgos, se diseñen políticas públicas robustas y urgentes, encaminadas a construir una economía capaz de generar las oportunidades de empleo digno que hoy demandan millones de hondureños.
