Tenía nueve años. Salió de su casa en bicicleta y, horas más tarde, su cuerpo sin vida fue encontrado dentro de bolsas negras en una plantación de palma africana en la comunidad de Sabá, Colón, donde residía.
La última vez que sus padres la vieron con vida fue la mañana del sábado 1 de agosto. El padre de la menor relató que Emily estaba en el patio de la vivienda antes de salir en su bicicleta. La buscaron e interpusieron la denuncia ante las autoridades, pero no lograron hallarla con vida.
La sociedad no puede permanecer indolente ante hechos desgarradores que golpean a miles de familias en varias regiones de Honduras, un país considerado uno de los más hostiles para nacer y crecer en la región centroamericana y el continente.
La situación de la infancia en la nación es deplorable. Organizaciones no gubernamentales registran solo en lo que va del año la muerte violenta de 268 niñas, niños, adolescentes y jóvenes a nivel nacional. La cifra es impactante y nos convoca a todos a hacer un alto para alzar la voz en demanda del respeto irrestricto a los derechos de la niñez.
No podemos olvidar que cada número representa una vida truncada y una deuda pendiente del Estado en materia de protección integral, así como la urgente necesidad de implementar políticas públicas efectivas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la infancia y la juventud en Honduras.
La investigación rápida y el castigo para los responsables de la muerte de Emily Dayana deben ser una prioridad absoluta para las autoridades. Su asesinato no puede quedar impune. La impunidad es un aliciente para que estos crímenes se repitan. Las autoridades policiales y judiciales deben emplear sus mejores esfuerzos para capturar y castigar a los culpables. La justicia para Emily y para la infancia hondureña no puede esperar.
