El gobierno de la presidenta Castro extendió esta semana, por 45 días más, el estado de excepción , lo que implica que las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, se realizarán bajo este régimen que suspende varias garantías constitucionales en 226 de los 298 municipios, en los 18 departamentos del país.
No han sido tomadas en cuenta las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de defensa y protección de los derechos humanos sobre la inconveniencia de que este mecanismo estuviera en vigencia durante las elecciones generales, por la restricción de las libertades y garantías constitucionales esenciales para un proceso electoral libre, justo y democrático, así mismo los cuestionamientos a la inefectividad del mecanismo, principalmente en la lucha contra el delito de extorsión, que sigue siendo uno de los principales problemas de amplios sectores de la población, víctimas de los grupos delincuenciales que obtienen millones de lempiras por el cobro del “impuesto de guerra”.
El decreto de extensión del estado de excepción restringe durante su vigencia derechos como la libertad de asociación, de reunión y de expresión, así como la inviolabilidad del domicilio, y si bien la cúpula policial defiende la efectividad del decreto a lo largo de su aplicación y el cumplimiento del mismo al pie de la letra, lo cierto es que los temores de abusos a las libertades y derechos siguen estando presentes, más en el contexto de elecciones altamente polarizadas como las actuales y los cuestionamientos a las posiciones políticas de las cúpulas militar y policial.
Lo ideal es que el proceso electoral se realice sin ningún tipo de restricciones, ya sean presuntas o reales, y que la ciudadanía acuda a las urnas sin obstáculos de ninguna clase. Asimismo, que el gobierno promueva medidas integrales y sostenibles que brinden una solución duradera a los problemas estructurales que generan las distintas manifestaciones de violencia que agobian a la ciudadanía.
