La semana anterior, una Corte Federal de Florida encontró al empresario estadounidense Carl Alan Zaglin culpable del delito de lavado de dinero y sobornos a cambio de obtener contratos para la provisión de uniformes a la Policía Nacional con recursos de la Tasa de Seguridad de Honduras.
En relación con este mismo caso, el exdirector ejecutivo del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional, Francisco Roberto Cosenza, y Juan Ramón Molina, coordinador del Comité Técnico, admitieron ante las autoridades estadounidenses haber sido parte de la estructura delictiva a cambio de millonarios sobornos.
Este, desgraciadamente, solo es uno de los casos que han sido investigados (en los Estados Unidos) sobre el manejo de miles de millones de lempiras de la Tasa de Seguridad, desde su creación en 2013, con el objetivo de agenciarse recursos para enfrentar la delincuencia y criminalidad y recuperar la seguridad. En Honduras, las autoridades hicieron oídos sordos a las denuncias del mal manejo de tales recursos, incluidas las que hizo la Unidad Investigativa de EL HERALDO, que desde 2018 ha documentado el despilfarro y la corrupción en el “Tasón”.
Lo único que sí ha quedado claro es que desde la creación de la Tasa de Seguridad a la fecha (que sigue cobrándose tal cual fue aprobada), ha prevalecido el manejo opaco de los millonarios fondos, a través de compras directas, sin ningún control y mucho menos auditorías ciudadanas, pues las mismas se ampararon bajo una “ley de secretos”, que si bien fue derogada por la actual administración del Estado, los recursos siguen manejándose de manera oscura, sin una clara rendición de cuentas.
Tampoco se han visto resultados tangibles en la seguridad de la ciudadanía, que sigue enfrentándose a diario a problemas tangibles como el cobro de la extorsión, la inseguridad ciudadana, el crecimiento de la delincuencia común, y clamando porque el silencio, la opacidad, la impunidad y la corrupción no sigan prevaleciendo en este caso.
