La semana anterior, la Unidad Investigativa de Diario EL HERALDO evidenció, tras un detallado trabajo de investigación, la serie de fallas estructurales de una de las obras de infraestructura más costosas que se construyen en la zona sur de la capital hondureña: el puente a desnivel Papa Francisco.
Se ha detallado que, si bien en la obra se han invertido ya más de 500 millones de lempiras, esta presenta fallas estructurales que representan riesgos de seguridad para los capitalinos y, lo más grave, que las anteriores autoridades edilicias, a sabiendas de las amenazas que representaba la obra, habilitaron temporalmente uno de sus carriles.
Tras la denuncia, el actual alcalde, Juan Diego Zelaya, ha sido enfático al señalar que: “La Alcaldía no va a erogar un centavo más en la obra. Si fue un error de diseño o lo que sea, lo van a pagar ellos” (los consorcios privados encargados).
Hoy, la obligación primordial de las actuales autoridades municipales es asegurarse de que la obra será abierta al público solo cuando se hayan superado todas y cada una de las deficiencias estructurales detectadas desde el diseño, la construcción y la posterior habilitación de uno de sus carriles.
Sin embargo, la irresponsabilidad de las autoridades edilicias que por motivos políticos habilitaron la obra no debe pasar desapercibida. De ahí que los organismos contralores del Estado deban iniciar una investigación de oficio sobre lo sucedido, con el fin de determinar las condiciones de la obra y las responsabilidades -sean estas civiles, administrativas o penales- de quienes han estado involucrados en su construcción y habilitación.
Sin duda que este caso trasciende la simple reparación técnica de un paso a desnivel; se trata de sentar un precedente sentado en la responsabilidad y la transparencia. Si la impunidad vuelve a prevalecer sobre la negligencia en la obra pública, la ciudadanía seguirá pagando el costo, no solo con sus impuestos, sino con su integridad física.
