Esta semana, la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus ha evidenciado una de las prácticas más comunes y dañinas para las finanzas públicas: la “empleomanía” de activistas y allegados al partido de turno. Esta costumbre de repartir los bienes del Estado como botín político cada cuatro años socava la institucionalidad.
El caso de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) es alarmante. Bajo la dirección de Jorge Aldana, la burocracia se duplicó en apenas tres años, pasando de 1,568 empleados al cierre de la gestión de Nasry Asfura a 3,653 actuales.
Se han creado plazas de asesores y asistentes sin funciones claras, con salarios que oscilan entre los 30,000 y 70,000 lempiras mensuales.
Este fenómeno no es aislado. En el Ministerio de Educación, por ejemplo, se investigan casos de docentes con más de tres plazas en el mismo horario. Si bien es comprensible que un gobierno busque rodearse de personas alineadas con su visión, es inaceptable que el clientelismo sea el único requisito para acceder a la administración pública, ignorando la eficiencia y la meritocracia.
En Honduras, parece que estos abusos se están “normalizando”, lo cual va en directo detrimento de la calidad de los servicios que recibe el ciudadano.
Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), sobre este tema ha expresado que “se debe hacer una auditoria forense desde el Tribunal Superior de Cuentas, emitir esos pliegos de responsabilidad y, en caso de ser necesario, remitir la responsabilidad penal”.
Y así debería de ser, situaciones como la de la AMDC deben ser investigadas por los organismos competentes con un objetivo claro: garantizar que el presupuesto público no sea manejado al antojo de quienes ostentan el poder. El voto popular otorga un mandato de administración, no una carta blanca para el despilfarro, prácticas que no deben repetirse en la actual administración.
