Se ha cumplido un año de la estafa piramidal que afectó a más de 35,000 ciudadanos hondureños que, atraídos por los altos intereses ofrecidos, colocaron su patrimonio en Koriun Inversiones. Hoy, todas estas personas se encuentran sin respuestas de las autoridades competentes y mucho menos de quienes gerenciaban la empresa. Estos últimos permanecen en prisión a la espera de ser juzgados por delitos imputados por la fiscalía, entre ellos lavado de activos y asociación para delinquir.
Con el paso del tiempo, los afectados han tomado las calles y tocado puertas en instituciones oficiales sin obtener resultados favorables. Todo esto ocurre a pesar de que, en el gobierno recién concluido, el entonces presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, llegó a ofrecer el retorno del dinero utilizando fondos públicos. Dicha promesa, que nunca se concretó, fue duramente cuestionada por expertos legales y financieros por considerarla improcedente: la legislación nacional no permite el uso del erario para el pago de deudas privadas.
Lo único claro en este momento es que mientras las víctimas siguen demandando la devolución de su capital, el Estado tiene la obligación de dar pasos firmes para evitar que estas operaciones se repitan. Para el caso, es imperativo fortalecer las facultades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y del Ministerio Público para que actúen con carácter preventivo, bloqueando estas plataformas antes de que alcancen dimensiones masivas y dañen irreversiblemente la economía familiar; y que la justicia actúe con firmeza contra los responsables de esta estafa millonaria.
Paralelamente, se requieren campañas masivas de educación financiera que lleguen a cada rincón del país, tanto en áreas urbanas como rurales. La meta debe ser clara: frenar a los delincuentes que ven en Honduras un terreno fértil para sus fechorías y evitar que la esperanza de los ciudadanos siga convirtiéndose en la fortuna de los criminales.
