La oscura operación de esta empresa con sede en Choloma, y sucursales en otras ciudades del interior del país, sigue dando de qué hablar por las complejas implicaciones que tiene, principalmente, para unas 35,000 personas que colocaron en ella su dinero, atraídos por las altas tasas de intereses prometidas. En todo este conflicto, lo único que está claro es que algo no estaba funcionando bien y que las entidades del Estado encargadas de regular las operaciones financieras, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, no actuaron en consonancia con los mandatos legales relacionados con la regulación de instituciones financieras que captan dinero de los ciudadanos.
Criticable es también el accionar del Ministerio Público, que no ha logrado configurar ningún delito que permita ir tras los responsables de lo que a todas luces se trata de una operación que ha funcionado al margen de la ley.
Las preguntas que la semana anterior dejó en sus redes sociales el exfiscal del Estado, Edmundo Orellana, siguen sin respuestas: “El MP intervino porque la CNBS presentó denuncia, ¿por qué no se ha iniciado el proceso judicial?, ¿se puede devolver el dinero sin autorización judicial?, ¿procede legalmente la devolución por liquidación si la empresa no es financiera? Si lo que hace es ilegal, ¿por qué sigue operando? Si los socios responden penalmente por la gestión ilegal, ¿por qué nadie ha sido acusado?”.
Expertos del Ministerio Público y de la CNBS han concluido que Koriun operó la captación de fondos bajo un sistema nada confiable, pero no hay acciones judiciales contra nadie. Tras una inspección de las oficinas de la financiera se encontró un faltante de más de 268 millones de lempiras que serían destinados al pago de los inversionistas.
Las aquí señaladas son solo algunas de las irregularidades detectadas por las autoridades. Honduras sigue expectante sobre el desenlace de esta oscura trama, digna de un guion para una película de Hollywood.
