La violencia política, definida como el uso de la fuerza o la coacción para alcanzar objetivos políticos, está haciendo mella y, desgraciadamente, creciendo en el actual proceso electoral de Honduras.
La gravedad del problema queda reflejada en las estadísticas del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que en el marco de las próximas elecciones generales de noviembre ha registrado al menos 560 casos de conflictos y violencia política. Según su reporte, esta conflictividad ha sido protagonizada principalmente por los partidos políticos más grandes y ha escalado en los últimos meses.
El último caso que ha conmocionado a la sociedad hondureña es el reciente asesinato del candidato a diputado del partido Libre por Yoro, Óscar Bustillo Oseguera. Fue atacado a tiros por desconocidos al regresar a su casa tras una actividad política, un caso que sin duda debe ser investigado por posibles causas políticas.
Sin embargo, esta violencia no se limita a las agresiones físicas. También incluye otras manifestaciones graves, como las amenazas, la coacción, la intimidación, la difamación y las humillaciones en todos los escenarios. Hoy en día, las redes sociales se han convertido en un “ring de boxeo” donde funcionarios, líderes políticos, activistas y ciudadanos se enfrascan en un ciclo de irrespeto, insultos y descalificaciones, agresiones que no solo minan la credibilidad de los protagonistas, sino que también ponen en peligro sus vidas y hacen tambalear el sistema democrático.
El asesinato de cualquier persona, sin importar su militancia política, es condenable y debe ser investigado y castigado con celeridad. Por igual, es crucial tomar acciones contra todas las formas de violencia política. Para fortalecer nuestra democracia, el respeto a las ideas, el disenso y la tolerancia deben convertirse en
las banderas de esta campaña. Es la única manera de garantizar que la voluntad popular no sea silenciada por el miedo y la violencia.
