El convulso ambiente que sigue rondando el período poselectoral en Honduras no debe en ningún momento alterar el calendario electoral en lo que respecta a la emisión de la declaratoria de las elecciones primarias de los partidos participantes: el oficialista Libertad y Refundación (Libre) y los principales partidos de oposición, Liberal y Nacional.
Lo anterior sin obviar, claro está, todas y cada una de las denuncias de alteraciones y problemas que pudieron haberse presentado a lo largo del proceso, las que deben ser debidamente investigadas por las autoridades respectivas, y en aquellos casos que se configuren delitos de orden electoral, proceder como establece la legislación vigente.
Todo lo que se pide es que las investigaciones se realicen de manera independiente, imparcial, sin tratar de acusar a unos o favorecer a otros, sino de identificar y castigar a quienes resulten responsables.
Ese es el reto que tienen en sus manos las autoridades del Ministerio Público, demostrar con acciones concretas la independencia en su accionar, presentando ante los tribunales competentes a quienes conspiraron (con pruebas contundentes) contra el proceso.
Y mientras la Fiscalía hace su trabajo, se espera que en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se haga lo mismo, es decir, se continúe con el proceso de escrutinios y que el día 8 de abril, tal cual está estipulado en el calendario electoral, emita la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones primarias y deje en firme quiénes serán los candidatos a los cargos de elección popular en las elecciones de noviembre.
Los hondureños aspiran a que la voluntad del pueblo expresada en las urnas de los distintos partidos políticos el 9 de marzo pasado serán respetados, y que el proceso electoral del 30 de noviembre no será alterado e iremos a las urnas a elegir a las próximas autoridades del país libremente.
