Se cumplieron ayer los primeros siete días del estado de excepción en 165 sectores de las dos principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, y los resultados de la medida aún están por verse.
Desde la cúpula oficial se dice, con bombos y platillos, que se ha capturado a más de 300 miembros de maras y pandillas, cobradores de la extorsión, pero a ningún jefe o cabecilla de estas estructuras, que al final son quienes manejan la cadena delincuencial, ya sea desde las cárceles -en las que supuestamente están aislados de sus actividades al margen de la ley- o desde sus residencias, lejos de los barrios pobres o en desarrollo, donde se llevan a cabo los operativos.
Hace falta mucho por hacer, ir más allá de la campaña mediática positiva que se empeñan en venderle a una población que, sin duda alguna, sigue siendo golpeada por los extorsionadores, que han llegado al colmo de adelantar el cobro de los aguinaldos y suspender los cobros mensuales hasta el 6 de enero, fecha en que concluye el estado de excepción.
Sin duda que para hacerle frente a estas estructuras se necesitan más acciones, más operaciones, más controles tecnológicos, más controles en las cárceles, más controles en las fronteras, en las cuales -según lo ha evidenciado en la frontera con El Salvador un equipo de prensa de EL HERALDO- la anunciada presencia militar brilla por su ausencia. Se necesita también reactivar al 100% la línea de emergencia 911, la que no debe continuar funcionando a medias.
Está claro que la lucha contra la violencia, la delincuencia y, en el caso que nos ocupa, la extorsión no se gana en los medios de comunicación ni en las redes sociales, se gana con medidas más contundentes en contra de las estructuras criminales, que desgraciadamente se han fortalecido a lo largo y ancho del territorio nacional.
