Honduras cerró un año para el olvido y ha comenzado a caminar uno nuevo con la esperanza de que, en este, se siembren semillas que permitan germinar, en el futuro cercano, mejores condiciones de vida para la totalidad de sus ciudadanos.
La convulsión política generada tras las elecciones del 30 de noviembre deja aún más fragmentada y polarizada a una clase política acostumbrada a dividir en la lucha por la defensa de sus posiciones ideológicas, partidistas y personales. Al mismo tiempo, deja más decepcionada a una ciudadanía que apostó en ese proceso por la defensa de la democracia y el respeto al Estado de derecho.
Tras la declaratoria oficial de las elecciones, emitida en tiempo y forma el pasado 30 de diciembre, los perdedores de la contienda deberán hacer uso de los recursos que la ley dispone para presentar los reclamos que competan; esto para dar paso, más tarde y sin dilación alguna, a las tareas de transición para el establecimiento del nuevo gobierno.
La lucha contra males que han fracturado la economía del país -como la corrupción, la impunidad, la opacidad en la administración y el manejo de los fondos públicos, y el irrespeto a la institucionalidad- no debe salir de la agenda de los nuevos gobernantes.
Las nuevas políticas de Estado deberán estar orientadas, primero, a buscar la reconciliación de la familia hondureña con el propósito de identificar y definir objetivos estratégicos de desarrollo. Estos deben apuntar a la atención prioritaria de los problemas estructurales de la sociedad: la pobreza, el desempleo, la inseguridad y la violencia, así como la precariedad en los sistemas de educación y salud, entre muchos otros.
La clase política asume también retos importantes, principalmente el de impulsar reformas electorales que permitan superar los obstáculos enfrentados en 2025.
