Hace algún tiempo escribí sobre lo que consideraba un nuevo elemento del sistema político hondureño: la ciudadanía había comenzado a votar, no necesariamente a favor de alguien, sino en contra de quienes ejercían el poder. En aquel momento pensé que estábamos frente a un fenómeno propio de nuestra realidad nacional. Sin embargo, lo ocurrido recientemente en las elecciones de medio término de Estados Unidos demuestra que el hartazgo ciudadano no conoce fronteras.
Los resultados electorales estadounidenses reflejan una realidad que también experimentan numerosos países latinoamericanos: las sociedades se sienten cada vez menos representadas por sus gobernantes. Existe un creciente distanciamiento entre quienes toman las decisiones desde el poder y quienes enfrentan diariamente las consecuencias de esas decisiones.
Y motivos para estar inconformes sobran. El elevado costo de la vida, la falta de oportunidades, los deficientes servicios públicos y la incapacidad de muchos gobiernos para resolver problemas cotidianos han convertido la frustración en un sentimiento colectivo. La ciudadanía escucha promesas, observa discursos y presencia grandes campañas publicitarias, pero continúa esperando respuestas concretas.
En Estados Unidos, a estas preocupaciones económicas se suma un elemento particularmente sensible para nuestra comunidad latina: el trato indigno y despectivo que han recibido numerosos migrantes bajo las políticas de la administración Trump. Resulta imposible ignorar el impacto humano de medidas que han sembrado temor e incertidumbre entre familias enteras. El rechazo a estas políticas, junto con el descontento económico, contribuye a explicar el mensaje expresado en las urnas.
Pero sería un error interpretar estos resultados únicamente como una derrota del gobierno estadounidense. Constituyen, sobre todo, una advertencia para todos aquellos que actualmente gobiernan, incluyendo a Honduras y al resto de América Latina.
Quienes llegan al poder no reciben un cheque en blanco. Reciben algo mucho más valioso y, al mismo tiempo, más frágil: la confianza de sus pueblos. Una confianza que puede otorgarse mediante el voto, pero que también puede retirarse cuando las expectativas son traicionadas.
Gobernar no consiste en escuchar únicamente a los asesores que rodean un despacho presidencial, ni en confundir los aplausos de los colaboradores con la satisfacción nacional. Gobernar exige salir a las calles, visitar las comunidades, escuchar las exigencias ciudadanas y convertirlas en políticas públicas capaces de transformar realidades.
Los gobiernos deben comprender que las sociedades han cambiado. La ciudadanía observa, compara, cuestiona y castiga. Ya no basta con administrar discursos, construir enemigos o responsabilizar al pasado de los problemas presentes.
El poder pertenece temporalmente a quienes gobiernan, pero la confianza pertenece siempre al pueblo. Y cuando los gobernantes olvidan esa diferencia, las urnas terminan recordándosela.
