En la búsqueda de la rigurosidad académica y sobre todo en el afán de cumplir lo mejor posible con el compromiso ciudadano, retomamos el estudio de los niveles y condiciones del endeudamiento público. Nos colocamos muy por arriba de un escenario precario y estéril, en el que el papel a desempeñar sea estar en los extremos de defender o atacar a un gobierno.
No está de más reiterarlo: la administración Castro recibió de Hernández un elevado nivel de endeudamiento, no de US$20,000 millones como se repite, sino de US$15,700 millones, evidenciado en las cifras de la Sefin. Al finalizar el primer año de gobierno de Castro, ese saldo aumentó a US$16,800 millones; en el siguiente año (2023) se ubicó en los US$16,700 millones; 2024 concluyó con un saldo de US$17,374 millones y, a marzo de 2025 se registraron US$17,250 millones. En todos estos años se pagaron elevadas cifras en concepto de servicio de la deuda, en un promedio de US$2,000 millones por año. Con pagos descomunales como esos, el saldo de la deuda debió reducirse pero, las nuevas contrataciones lo impidieron.
Estando en espera todavía de datos oficiales a junio de 2025, las señales contables indican que en el mejor de los casos, el saldo seguirá estando por arriba de los US$17,000 millones aun habiendo pagado cifras récords en amortizaciones de capital. El saldo de la deuda no ha parado de crecer desde 2022 muy a pesar del aumento significativo en los pagos de capital principal y en todo el servicio de la deuda. Solamente entre el 2021 y el 2024, los pagos anuales del servicio de la deuda subieron desde US$1,496 a US$2,424 millones.
El registro oficial de nuevas contrataciones de deuda evidencia que a pesar del grave endeudamiento recibido del gobierno anterior, la administración Castro no se detuvo en asumir nuevos compromisos que obviamente complican, y perturbarán, la situación de las finanzas públicas reduciendo el espacio fiscal para el presente y futuro. Concretamente, mientras las nuevas contrataciones fueron US$946.4 millones en 2021, luego pasaron a US$1,309 millones en 2022, elevándose a $1,344 millones en 2023, hasta llegar a la inmensa cifra de US$1,855 millones en 2024. Tan solo en los tres primeros años de Castro, el nuevo endeudamiento sumó US$4,508 millones, faltando todavía sumar lo contraído en el actual 2025 que parece mantener tendencia. Viendo exclusivamente los tres años de administración, la diferencia entre pagos al capital principal (que disminuyen saldo) en relación a las nuevas contrataciones, resulta un aumento neto del saldo de US$821.5 millones que, agregado a los compromisos heredados y la carga de intereses con mayores tasas promedio y plazos más cortos, indudablemente erosionan las capacidades fiscales en medio de la falta de eficiencia en la asignación del gasto público.
En síntesis, los pronósticos en general se mantienen. Significaría que la administración Castro dejaría un endeudamiento mucho mayor al que recibió con niveles de compromiso fiscal -entre varios riesgos- de un servicio de la deuda mayor a los L70,000 millones anuales, persistiendo como mayor rubro de gasto presupuestario. La gravedad del endeudamiento no habrá que buscarla en el coeficiente deuda/PIB, sino en el coeficiente pago de intereses respecto a las recaudaciones tributarias o, en el cociente servicio de la deuda respecto al gasto público total.
