En los últimos años, la cobertura internacional sobre Venezuela ha estado marcada por cambios de narrativa. Históricamente, el país ha ocupado un lugar central en el tablero geoestratégico por sus reservas petroleras y otros recursos naturales.En ese contexto, tras las elecciones del mes de julio de 2024, se difundieron señalamientos sobre presuntas irregularidades y se cuestionó la proclamación del triunfo de Nicolás Maduro.
Organismos internacionales, gobiernos de la región y medios de comunicación amplificaron esas denuncias con distintos énfasis.Posteriormente, autoridades estadounidenses y vocerías afines presentaron como “grupo terrorista” al llamado Cartel de los Soles y señalaron a funcionarios venezolanos como presuntos miembros o responsables.
Más tarde, Estados Unidos desplegó recursos militares en el Caribe como parte de una operación antidrogas. En ese marco, se reportaron muertes de personas que se transportaban en embarcaciones pequeñas, sin que quedara esclarecida su identidad o actividad.Tras la detención del presidente Maduro -que el oficialismo y aliados calificaron de ilegal- toda la narrativa de la oposición perdió empuje en la agenda mediática.
El giro sugiere que, en última instancia, el interés es el petróleo venezolano.A partir de estos hechos, dentro del chavismo han surgido lecturas que van más allá del debate sobre la “democracia”. Algunos líderes han afirmado que Venezuela es un país intervenido.
En esa línea, señalan que Delcy Rodríguez -quien ejerce la presidencia en funciones tras la detención de Maduro- conduce decisiones relevantes bajo directrices de Estados Unidos, lo que, a su juicio, reduce el margen de maniobra soberana.
En declaraciones posteriores a la intervención estadounidense en Venezuela, Donald Trump sostuvo que Estados Unidos “gobernará” el país hasta que exista una “transición segura”, entendiendo que la seguridad es en función de sus intereses.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha descrito una hoja de ruta para lo que considera la “estabilización” de Venezuela, afirmando que ese objetivo se ha logrado sin una guerra civil ni un éxodo masivo y ha planteado como siguiente paso la creación de condiciones que otorguen legitimidad al proceso con elecciones “libres y democráticas”.La expresión “elecciones libres”, sin embargo, no suele ser un concepto neutral en la disputa política regional.
En la práctica, suele interpretarse desde experiencias previas en América Latina, donde el acto de votar no se traduce en una capacidad plena de elegir sin presiones externas. Desde esta perspectiva, la intervención -directa o indirecta- de Washington en la política doméstica del país caribeño condiciona los márgenes reales de autodeterminación electoral.
Llevar a cabo elecciones en un país intervenido y que ha sido sometido a más de 900 medidas de bloqueo representa más un suicidio político que una acción de democracia, estabilidad económica y social.En Venezuela, lo único que está abierto, para los intereses foráneos, son los pozos petroleros, lo demás está sometido a vigilancia y control foráneo.
